El sector privado fue consultado antes que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Protección de las Pensiones de seguridad social y promulgada por el presidente de la República, dijo José Manuel Alejos, presidente de Fedecámaras-Lara.
Nosotros hicimos unos planteamientos e insistimos en que el aporte se hiciera hasta un tope del seis por ciento del ingreso integral que perciben los trabajadores y que, además, se estableciera un tope de hasta tres ingresos integrales.
La ley contempla los aportes hasta el 15% y hay una disposición que autoriza al presidente de la República, dentro de los topes establecidos por ese instrumento legal, determinar algunas extensiones.
Manifestó el dirigente gremial que hay empresas que tienen planes de jubilación, de pensiones, de retiro de carácter privado, y a fin de que los mismos no se vieran afectados también le planteamos a la Asamblea, a través de nuestros técnicos, que se consideran esos planes privados dentro del aporte que se iba a hacer.
En el sector privado estamos conscientes de que por diversas razones, el salario mínimo quedó rezagado y sin embargo, este sector paga mucho mejor salario que el sector público, es una realidad que el aporte que se realiza al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales también quedó rezagado.
El sector privado no se cerró, pero se planteó que debería ser viable para que las empresas no se vieran afectadas por un impacto económico tan grande y, en segundo término, que no se pierda el estímulo de darle a los trabajadores ascensos, bonificaciones por concepto de rendimiento y mejoras en todo caso que impacten positivamente en el ingreso.
Pero, cuando se pone ese tope de hasta el 15% del ingreso integral a muchas empresas, sobre todo las pequeñas, terminan afectando los flujos de caja por cuanto sus operaciones no generan suficientes recursos. Nosotros, acotó Alejos, insistimos en nuestras propuestas aunque no hayan sido tomadas en cuenta los planteamientos que hicimos oportunamente.
Comentó que ni siquiera fueron consideradas las observaciones de Fedeindustria que propuso un tope hasta de tres ingresos integrales y de un porcentaje de hasta el diez por ciento. Como en el curso de los últimos diez años se han efectuado cuatro mesas de diálogo social, en las que han participado Fedecámaras, organizaciones sindicales y el Ejecutivo Nacional, se volverá a tocar el tema.
