En el transcurso del año 2024, la comunidad de Barquisimeto, estado Lara, ha sido testigo de la pérdida de dos mujeres, víctimas de la violencia de género que sigue azotando a la sociedad venezolana, según denunció el Observatorio Venezolano de Violencia de Lara (OVV Lara).
Orlena Valentina Durán Rodríguez, una joven estudiante de Ingeniería en Informática, fue asesinada a sus 24 años en abril, mientras que Juana Eneida Salas, de 48 años, encontró un destino similar en febrero. Las circunstancias de sus muertes, a manos de sus respectivas parejas, reflejan un acto de brutalidad.
Índices de violencia de género
El observatorio ha registrado un incremento en los índices de violencia de género, con un 7% de los delitos reportados en abril de 2024 correspondientes a esta categoría, además de un 7% de agresiones sexuales y un 2% de casos de explotación sexual.
La Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf), una ONG con más de cuatro décadas de experiencia, ha sido un refugio para las mujeres afectadas, ofreciendo proyectos que buscan mejorar sus condiciones de vida. Hasta abril de 2024, Alaplaf ha atendido 182 casos de violencia de género, con la violencia psicológica liderando las estadísticas. Desafortunadamente, solo una fracción de las afectadas ha buscado justicia ante las autoridades.
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La discrepancia entre la narrativa estatal de defensa de los derechos de la mujer y la realidad vivida por las más vulnerables es palpable, denuncia el Observatorio. La falta de transparencia en la información oficial sobre las víctimas contribuye a la invisibilización del problema y perpetúa las prácticas sexistas.
Las deudas de Venezuela contra la violencia de género
Los expertos del OVV Lara advierten que Venezuela aún tiene una deuda significativa en la lucha contra la violencia de género. Las deficiencias del sistema jurídico, como la falta de independencia institucional, la escasez de recursos y la capacitación inadecuada de los funcionarios, se suman a los retrasos procesales y la opacidad en los juicios, impidiendo que las mujeres accedan a la justicia. Las barreras institucionales y la revictimización desalientan a las víctimas a denunciar, resultando en absoluciones y la falta de emisión de órdenes de protección necesarias.
