Trabajo de www.talcualdigital.com
Varias leyes que aprobó la Asamblea Nacional 2020 el año pasado quedaron en el limbo, pues no han sido publicadas aún en Gaceta Oficial y, por tanto, técnicamente no han entrado en vigor ni se puede exigir su cumplimiento ni a las autoridades ni a los ciudadanos.
Así lo denunció Acceso a la Justicia tras una revisión a los intrumentos aprobados por el parlamento de mayoría oficialista durante 2023. De 14 leyes aprobadas, cuatro de ellas (28,57%) no han sido sometidas al último trámite para considerar que en realidad están vigentes.
De las normas sancionadas el año pasado y no publicadas en Gaceta Oficial están la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y de Turquía relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del Año 2024 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual.
La oenegé destacó que hasta la fecha no se ha informado si el mandatario Nicolás Maduro vetó estas leyes de forma total o parcial, «o si por el contrario los promulgó (para lo cual tiene 10 días a partir de su recepción), pero por alguna causa los mismos no han sido enviados al Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial».
Solo en el caso de la Ley aprobatoria sobre inversiones entre Venezuela y Turquía, queda a discreción del Ejecutivo el momento de su promulgación, explicó Acceso a la Justicia. Esto en base a lo establecido en el artículo 217 de la Constitución.
«Los retrasos en la publicación de las leyes que el Parlamento sanciona se registran desde hace años, y aunque en 2023 el número de normas de las que se perdió la pista tras ser aprobadas por los diputados fue menor al registrado en el período previo, cuando ocho de esos instrumentos jurídicos corrieron esta misma suerte, lo cierto es que esta práctica y sus peligrosos efectos se mantienen vigentes», afirmó la organización.
También destacó que esta irregularidad «refuerza la situación de indefensión e inseguridad jurídica» de los ciudadanos, pues crea incertidumbre sobre los instrumentos aprobados. «Esto es otro ejemplo de la ruptura institucional en Venezuela, causa de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país».
