En una Democracia sólida la inteligencia precede a la acción. Su estructura funcional está alineada de acuerdo a parámetros establecidos en un acuerdo nacional llamado Constitución. En esta ley suprema se definen los objetivos generales que persigue el Estado y se giran instrucciones de cómo cumplirlos a través de una serie de instituciones creadas para tal efecto.
En tiempos relativamente recientes han surgido instancias ciudadanas, como las ONG, que se auto imponen la obligación de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos constitucionales como una forma de apoyo libre y voluntario a las instituciones, para que estas cumplan con mayor eficiencia la misión que le consagra la Carta Magna.
En Venezuela se instaló desde hace dos décadas un gobierno inspirado para la acción social por una ideología cosmogónica, cuyos pilares están montados en que el Estado tenga absoluto control de la sociedad, lo que implica la hegemonía del Poder Ejecutivo sobre la comprobada eficiencia democrática que tiene el equilibrio republicano ideado por Montesquieu. De esta forma, para el cumplimiento de esquemas y objetivos socialistas se constriñeron libertades ciudadanas básicas y se alteró el funcionamiento de las instituciones parta ponerlas al servicio de un programa de gobierno centrado en el control absolutamente discrecional de una nomenclatura que al no poder cumplir metas irrealizables se decantó por mantener el poder a toda costa.
Esta intención totalizadora chocó contra una tradición democrática centrada en viejos y nuevos partidos, pero sobre todo en el espíritu de las grandes mayorías poblacionales, creando de esta forma una confrontación que gradualmente han ido ganando las fuerzas democráticas dentro del sentimiento de la gente, no obstante contar la nomenclatura oficialista con el control absoluto de las instituciones de la República, lo cual ha culminado en el actual escenario donde existe un conflicto de intereses entre unas instituciones que no responden a la normativa constitucional y una inmensa mayoría ciudadana que reclama su cumplimiento. Es decir, sufrimos una grave desinstitucionalización que algunos sectores de la sociedad civil quieren corregir como paso previo para la recuperación económica del país.
Sobre este tema que tratamos como prioritario en la agenda del Movimiento DECODE me solicitaron dijera unas palabras en la primera asamblea nacional del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, una instancia de reflexión que persiste en sus tareas gracias al empeño heroico de Milagros Gómez de Blavia, con muchos años al servicio de la mejores causas de la capital larense y también por la inteligencia de pent house (ven la sociedad con una panorámica de sabiduría holística) de Reinaldo Rojas y de Ramón Guillermo Aveledo, quien sin estar en la piel del Consejo Consultivo está en la médula.
Agregué a las consideraciones ya expresadas que la forma que tiene la sociedad civil de luchar por la Constitución y la Democracia es haciendo propuestas para que se cumpla la dogmática constitucional, obligando a las instituciones a cumplir sus responsabilidades, sin descalificaciones que aumentan la brecha política y con denuncias puntuales que apunten a soluciones compartidas.
No es fácil el camino para normalizar al país según los preceptos básicos de las democracias occidentales. Impetrados de emociones extremas las partes en conflicto parecen dar batallas de vida o muerte sobre el tablero de la política y resulta que la única manera de cruzar la puerta hacia la normalidad democrática es neutralizando los prejuicios y permitir que el dialogo y el entendimiento afloren como bandera, para asumir en colectivo que ambas partes tienen un mismo país y el objetivo de rescatarlo del abismo en que se encuentra es con la tolerancia mutua. Dios con nosotros.
Jorge Euclides Ramírez
