El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado una extensión en las autorizaciones para que ciertas empresas de servicios petroleros continúen operando en Venezuela. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) ha emitido la Licencia General Nº 8N, que estará en vigor hasta el 15 de noviembre de 2024.
Esta licencia permite a compañías como Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International realizar operaciones esenciales para la conservación de sus activos en el país sudamericano.
La licencia extendida permite a las empresas estadounidenses realizar pagos de impuestos y servicios públicos en Venezuela, así como pagar salarios a empleados y contratistas. También les permite participar en reuniones corporativas como juntas de accionistas y juntas directivas. No obstante, se mantiene la prohibición de actividades como la perforación, extracción, procesamiento, compra, transporte o envío de petróleo venezolano.
Con la Licencia General Nº 8N reemplazando a la Licencia General Nº 8M del 16 de noviembre de 2023, las empresas involucradas podrán mantener sus operaciones y activos en el país hasta mediados de noviembre de este año.
Licencia de la OFAC
«Las transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela que están autorizadas por el párrafo (a) de esta licencia general incluyen: transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela; participación en reuniones de accionistas y directorios; realizar pagos de facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas por el párrafo (a) de esta licencia general, o incurridas antes del 21 de abril de 2020, siempre que dicha actividad estuviera autorizada en el momento en que ocurrió; pago de impuestos locales y compra de servicios públicos en Venezuela; y pago de salarios a empleados y contratistas en Venezuela».
Nueva medidas tras reimposición de sanciones a Venezuela
La medida llega tras la reimposición de sanciones al sector petrolero venezolano por parte de la administración Biden el mes pasado, debido a la falta de cumplimiento de compromisos electorales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estas sanciones, que se aplicaron inicialmente en 2019 bajo la administración Trump, buscan presionar al gobierno venezolano en el ámbito político y económico.
