La autoridad pública sea civil o militar que prive de su libertad a una persona y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación del detenido, impidiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, será sancionado con prisión de 15 a 25 años. Este es el contenido del artículo 180-A del Código Penal.
Agrega esta disposición que se ha de considerar como delito continuado el hecho de la desaparición forzada. Esto significa que se entiende como un delito constituido por una serie de acciones que se mantienen en el tiempo, que violan una misma norma y que tiene por finalidad un mismo resultado: sustraer a la persona privándola de su libertad y manteniendo oculto su paradero, aislándola de su familia y relacionados, así como de aquellos que debían ejercer su defensa. Por otra parte, así se informe con posterioridad del paradero y situación del detenido, ya que el delito ha sido perpetrado desde el mismo momento en el cual se le detuvo y ocultó.
Podemos hacer una lista de las personas que han sido víctimas de este delito y que toda la población venezolana así como las naciones extranjeras ven con estupefacción y angustia la desaparición forzada de ciudadanos cotidianamente, lo cual ha sido recogido por el último informe de la prestigiosa ONG INSTITUTO CASLA que dirige Tamara Sujo y que ha sido la base de la denuncia realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) la semana pasada, ante la Corte Penal Internacional, dentro del proceso que se le sigue a funcionarios de este país, en la causa Venezuela I.
Con contundentes pruebas testimoniales en el informe de CASLA se precisaron: descargas eléctricas y algunas de las víctimas fueron mojadas o sumergidos sus pies en baldes de agua para luego aplicarles electricidad; asfixias a través de diferentes métodos: con bolsas plásticas, con almohadas o vertiendo agua en el rostro sobre el cual se colocaban telas; colgamientos estando esposados con los brazos hacia atrás; golpes y puntapié; golpes en la uñas o introduciendo entre la uña agujas de distintos grosor; extracción de piezas dentales con alicates; violación de detenidas o “empalamiento” de detenidos de género masculino. En este espacio no cabría las decenas de dolorosas declaraciones de las víctimas que en forma clara describen las torturas de las cuales fueron objeto, habiéndose documentado más de 1.500 casos de tortura desde 2014.
También ha de resaltar las pruebas de la participación de agentes cubanos en estos criminales procedimientos, pues con frecuencia los torturados los oían y en muchas ocasiones eran estos agentes extranjeros lo que dirigían las acciones contra los maltratados. En este sentido el informe de CASLA precisa tres etapas de cómo el régimen cubano fue penetrando las instituciones de Venezuela: posicionamiento en instituciones públicas no armadas; posicionamiento en instituciones militares y policiales; y por último, integración popular y conformación de agrupaciones nacionales bajo esquemas de la revolución cubana. Clara intervención y apoyo que el actual régimen ha permitido del desprestigiado gobierno que domina la isla del Caribe.
El informe de la ONG INSTITUTO CASLA, debe ser de lectura indispensable para tener la certeza de cómo el gobierno de Venezuela ha abandonado el camino de la democracia y del respeto de los Derechos Humanos.
Todas estas cifras, todos estos datos, muestran de manera escueta y objetiva la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. No hace falta el uso de adjetivos ni consignas para entender que en Venezuela se vive una carencia extrema de justicia y eso es precisamente lo que consta en los expedientes que cursan en la Corte Penal Internacional, introducidos por el fiscal Karin Khan.
Para quienes creemos en el derecho como instrumento de la inteligencia humana para hacer más perfectible la vida social de los seres humanos, el recoger esta información y cotejar con la legislación venezolana indudablemente que nos produce un doloroso vacío sentimental. Ver en informes desnudos de artificios retóricos la violación de derechos humanos, como es el caso de las desapariciones forzadas, es un reto a nuestro civismo y nuestra dignidad como venezolanos.
Pero gracias a Dios todo marcha de acuerdo a la ley a nivel internacional y nos toca esperar las sentencias que le hagan justicia a tanto venezolano víctima del incumplimiento de nuestra Constitución.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
