En medio de una campaña electoral que lo obliga aumentar el gasto y a mejorar las precarias condiciones de cinco millones de ancianos que reciben una pensión que equivale a tan solo 3,5 dólares al mes, Nicolás Maduro recurre a la caja del sector privado. La semana pasada el mandatario envió a la Asamblea Nacional el texto con la Ley de Protección de las Pensiones que fue aprobado en tan solo siete días a fin de aumentar de “de manera significativa” el dinero que reciben los ancianos todos los meses.
La ley contempla un impuesto de hasta 15% de lo que la empresa paga en total a sus trabajadores a través de salario y bonos. Las empresas harán este aporte de manera mensual y el dinero se depositará en un fondo administrado por el gobierno.
Los recursos lo recolectará el Seniat, el organismo encargado de recaudar los impuestos, pero no está claro si la pensión la pagará el Seguro Social que es el ente que formalmente se encarga de las pensiones.
El proyecto de ley le otorga una gran discrecionalidad al presidente, por ejemplo, tiene la facultad de establecer todos los años el porcentaje del aporte “de acuerdo con el tipo o clase de actividad económica”.
Además tendrá el poder de “exonerar, total o parcialmente” a empresas o “sectores estratégicos para la inversión extranjera y el desarrollo nacional”.
Carga tributaria
Tras el declive de la renta proveniente del barril, el petroestado venezolano se redujo y pasó a depender en mayor medida del cobro de impuestos. La consecuencia es una carga tributaria que absorbe buena parte de las ganancias de las empresas y les deja poco margen para el ahorro y la inversión.
En el rápido proceso de consulta Fedecámaras, el gremio que agrupa a la empresa privada, entregó un documento a los parlamentarios donde advirtió que la larga lista de impuestos y contribuciones especiales ya existentes tienen un fuerte impacto en los costos operativos.
Los impuestos nacionales, municipales y estadales “dejan a las empresas con un margen cada vez más estrecho para mantener sus operaciones de forma continua, eficiente y productiva, sin flujo de caja disponible para hacer inversiones de capital y sin la rentabilidad que se necesita para hacer crecer la economía”, explica el documento.
Agrega que un nuevo impuesto, en el porcentaje al que podría llegar, “pone en riesgo el futuro del empleo en Venezuela y el ingreso de los trabajadores, con las graves consecuencias económicas y sociales que ello representa”.
Señala que el impuesto impactará a los emprendedores, a los trabajadores activos y a los desempleados que aspiran a tener un empleo porque encarecería la nómina y agravaría la destrucción del empleo formal en el país.
“A todas luces pareciera contradictorio afectar el empleo formal y la compensación de los trabajadores, por asumir una carga adicional, cuando cualquier sistema de seguridad social depende de tener una base formal de trabajadores”, dice el documento.
Datos de Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, revelan que las empresas venezolanas pagan en impuestos el equivalente a 68,6% de las ganancias, mientras que en el resto de América Latina la proporción es 40%.
La larga recesión sufrida entre 2014-2020 redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, por lo tanto, la sobrecarga tributaria recae sobre un sector formal disminuido que produce poco y tiene bajos ingresos.
Si bien la carga tributaria consume una porción muy relevante de las ganancias de las empresas, el aporte en impuestos equivale a 6% de PIB mientras que en el resto de América Latina el promedio es 16%.
La explicación es que la recaudación en Venezuela recae sobre pocas empresas, porque el sector formal de la economía se achicó.
Fedecámaras explicó que el gobierno podría aumentar la recaudación “a través de la exigencia del pago de aranceles e impuestos a una gran cantidad de empresas que evaden a través del contrabando”.
“Hay que ampliar la base de recaudación, para que todos los agentes económicos que están obligados a pagar tributos cumplan con lo que les corresponde”, agregó.
La propuesta
Fedecámaras propuso en su documento que la contribución especial para las pensiones, en vista del contexto, “no debe ser superior al 6%” porque “este tributo no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente”.
Puso sobre la mesa la conveniencia de “establecer un tope máximo para la base del aporte (en lugar de un mínimo), para que no se castiguen los esfuerzos de las empresas que mejor pagan”.
Además el documento propuso “contemplar directamente la exoneración o exención del pago de la contribución para los sectores prioritarios de la economía nacional, como los productores de alimentos y otros productos de primera necesidad”.
Asimismo planteó que “la contribución para aquellas empresas que mantienen un plan de jubilación se cumpla mediante la ejecución de su plan privado de pensiones, o se fije un mínimo tributable, o se conceda una exoneración para las mismas, ya que la aprobación de esta contribución adicional podría poner en riesgo la viabilidad de dichos planes”.
Puntos grises
Un factor a tomar en cuenta es que la Ley no contempla ningún mecanismo de transparencia en la administración del aporte que harán las empresas y tampoco se indica cómo funcionará, por ejemplo, si está previsto que alguna parte esté en dólares.
Este aspecto es relevante. Maduro anunció que las pensiones estarán indexadas, es decir, se pagarán en bolívares pero mantendrán su equivalencia en dólares, por lo tanto, en caso de haber una devaluación, se requerirán más bolívares para sostener la equivalencia.
“Las pensiones indexadas. ¿Cómo lo vamos a sostener? Aumentando los ingresos petroleros, aumentando los ingresos por impuestos”, se limitó a explicar Maduro.
La idea es obtener recursos lo antes posible y elevar las pensiones antes de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Maduro anunció la semana pasada que pronto hará “un acto con los abuelos y abuelas para ir firmando la ley para que entre en vigencia y esa plata entre pronto para seguir mejorando la vida de nuestros pensionados”.
Sistema quebrado
El sistema de pensiones es de reparto, una modalidad donde los trabajadores activos contribuyen con un porcentaje de su salario para costear las pensiones de la población en edad de retiro.
El sistema también contempla una contribución de las empresas que se calcula como una fracción del sueldo de cada trabajador y ahora, también de los bonos como establece el nuevo aporte aprobado por la Asamblea Nacional.
Para que una estructura de estas características funcione es vital que la cantidad de trabajadores que cotizan aumente a un ritmo tal que sus aportes alcancen para pagar las pensiones. Otro factor esencial es que el desempeño de la economía permita un ingreso creciente de las remuneraciones.
Ante una economía que se volvió enana, un ingreso ínfimo y una sociedad donde la mitad de los trabajadores están en el sector informal, el sistema no funciona.
País envejecido
Al comenzar este siglo los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) afirmaban que entre 2000 y hasta 2045 la población venezolana tendría una estructura irrepetible: los venezolanos en edad de trabajar y producir superarían a los jóvenes menores de 15 años y a los mayores de 65 años.
Esta condición, que se denomina bono demográfico, ocurre una sola vez en la historia de los países y permite reducir los recursos destinados a la crianza de los hijos o a los ancianos y disponer de más mano de obra para impulsar el crecimiento y el desarrollo.
Pero no ocurrió así. La implosión del socialismo del siglo XXI se tradujo en una emigración masiva que la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ubica en torno a siete millones de personas.
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 afirma que “los flujos de migrantes venezolanos que dejaron el país durante el período 2012-2017 se caracterizaron por su alto perfil educativo. Casi la mitad de los hombres había alcanzado la educación universitaria al igual que una de cada tres mujeres”.
“Con la intensificación del éxodo se incorporaron personas con menor capital educativo, en su mayoría con educación media completa o menos”, agrega.
La consecuencia es que el país perdió una porción muy significativa de la fuerza de trabajo que podría financiar las pensiones de los ancianos.
Todo apunta a que, sin reformas que garanticen un crecimiento alto y sostenido de la economía y que promuevan el retorno al país de parte de la población joven que emigró, difícilmente podrá crearse un sistema de pensiones sostenible.
