Voces del Sur (VDS) , red de organizaciones de sociedad civil de América Latina que trabajan para promover y defender la libertad de expresión, libertad de prensa, y el derecho al acceso a la información, presentó su Informe Sombra 2023, titulado “La Prensa Latinoamericana Bajo Ataque: Violencia, Impunidad y Exilio, en el que, además de resumir el panorama de restricciones en la materia en Venezuela, hicieron un llamado para que se aumente la protección de los periodistas venezolanos que cubren el desarrollo del proceso electoral.
El documento destaca que en 2023 el régimen de Nicolás Maduro «mantuvo una política de represión estructural y sistemática a la libertad de prensa en Venezuela».
Esta política, afirman, ha estado marcada «por las concesiones discrecionales de frecuencias radioeléctricas a simpatizantes del gobierno, el acaparamiento de insumos para asfixiar a la prensa independiente, la persecución a fuentes y anunciantes, las restricciones en el acceso a la información pública y ataques a los portales de los medios digitales».
Advirtieron también sobre la promoción de leyes restrictivas que afectan la libre expresión y el debate abierto de cara a las presidenciales de 2024. Justo sobre este punto, enfatizaron que para asegurar la legitimidad del proceso electoral, y garantizar la seguridad e integridad de la prensa, «es fundamental que los medios de comunicación y periodistas puedan trabajar con libertad, pleno acceso a la información y sin temor a ser agredidos/as durante la cobertura electoral».
A continuación, en forma de claves, los hallazgos más relevantes de esta investigación.
Piden protección para periodistas en las presidenciales
Voces del Sur alertó que ante la probabilidad de «exacerbación de la violencia en el contexto electoral», es urgente que las organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación, con apoyo de la comunidad internacional, «trabajen en fortalecer planes y protocolos de seguridad para personas periodistas en coberturas electorales».
«También es importante urgir al Estado venezolano promover y garantizar el acceso a información de interés público, especialmente en relación al proceso electoral y reiterar el llamado a cesar su agresiva política de persecución contra el periodismo independiente, esto incluye abstenerse a seguir instrumentalizando las instituciones públicas, y especialmente a CONATEL, para censurar y controlar a los medios», consideraron.
Discurso estigmatizante contra periodistas
Venezuela fue el segundo país que más registró alertas sobre discurso estigmatizantes contra periodistas. Solo es superado por Brasil y detrás de nuestro país se ubica El Salvador.
En 2023, la estigmatización fue la segunda forma más común de ataque a la prensa registrada por la Red VDS en la región.
Este tipo de discurso deslegitima el trabajo de los periodistas y los coloca en riesgo al «fomentar la percepción de que son enemigos del Estado o agentes de intereses externos», para así debilitar el apoyo público a la libertad de prensa y justificar medidas represivas o restrictivas contra los medios.
El 17.8% de las alertas del año corresponden a este tipo de agresión, representando 684 alertas, y siendo registradas en 15 de los 17 países,de acuerdo con el informe
«Este tipo de agresión se da en forma de difamaciones, campañas de desprestigio, descalificaciones o difusión de noticias falsas sobre los medios de comunicación y personas periodistas. El discurso estigmatizante busca erosionar la confianza de la población en los medios de comunicación y personas periodistas para crear un ambiente de impunidad donde exista poca o nula rendición de cuentas para los gobernantes y la clase política y económica», explica el documento.
Desiertos informativos
El informe hace mención a que la represión estatal contra los medios ha creados desiertos informativos en varias zonas del país.
Al respecto, se refieren al “Atlas del silencio”, publicado por IPYS, en donde consta que la persecución estatal ha eliminado la producción de información local de 133 localidades a lo largo de Venezuela, lo que implica que más de 7 millones personas venezolanas viven en desiertos informativos, es decir, en zonas con nulo o escaso acceso a información independiente.
Marco legal intimidatorio anuncia más censura
El estudio de Voces del Sur advierte que la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, también conocida simplemente como la ley contra el fascismo puede usarse para censurar y sancionar a la prensa ya que contempla, entre entre otras cosas, la revocación de concesiones de radio y televisión a medios que divulguen mensajes que puedan considerarse fascistas o “de similar naturaleza.
Alertan también que la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, conocida como Ley Anti-Sociedad, atentaría contra el derecho de asociación de la sociedad civil venezolana, incluyendo la de los medios de comunicación.
Misoginia digital
El documento hace eco de las denuncias de IPYS-Venezuela sobre la prevalencia en las redes sociales venezolanas del uso de comentarios sexistas y discriminatorios debido al género, la orientación sexual o el aspecto físico de las víctimas.
