Muchos desafíos y compromisos tiene la  oficina de la Fiscalía de la CPI recién inaugurada en Caracas #2May

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Son muchos los desafíos y compromisos a los que deberá enfrentar la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, recientemente inaugurada su sede permanente en Caracas por el propio Karim Khan, por el enorme compromiso que representa, de acuerdo con  la apreciación de la ONG Acceso a la Justicia. 

La oficina técnica que cumple la promesa estipulada en el segundo Memorándum de entendimiento suscrito el 10 de junio de 2023 entre Karim Khan y la República Bolivariana de Venezuela (cuyo texto se mantiene como confidencial al día de hoy), fue inaugurada por el fiscal durante su cuarta visita al país desde que asumió su puesto en junio de 2021, y la misma se desarrolló entre el 22 y 23 de abril. El despacho caraqueño es el segundo que abre la Fiscalía de la CPI; el primero está ubicado en Ucrania, pero a diferencia de aquel,  el venezolano carece de facultades de investigación, por lo que la Fiscalía con ello pondrá en marcha el «enfoque de doble vía», con el cual el funcionario espera ejecutar el principio de complementariedad que rige al órgano de justicia internacional.

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¿Qué implica esto? Al tiempo que continuará con sus investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, el fiscal, de forma simultánea e independiente, desea entablar un marco de cooperación con el Estado para, en palabras del propio Khan, «establecer una plataforma tangible de actuación en relación con las denuncias de crímenes del Estatuto de Roma». En otras palabras, buscará fortalecer las capacidades del sistema de justicia venezolano para que este sea capaz en el futuro de procesar y de castigar los crímenes previstos en el Estatuto de Roma.

El funcionario sostiene que las dos vías podrían converger en algún momento siempre que internamente se lleven a cabo procesos judiciales genuinos contra los máximos responsables de las graves violaciones, lo cual implicaría que podría haber juicios contra los presuntos perpetradores de los crímenes cometidos por lo menos a partir de 2014.

Nicolás Maduro parece estar de acuerdo con la estrategia. Esto declaró al comparecer junto a Khan en el Palacio de Miraflores.

 «Aplaudo los avances que ha habido en la cooperación entre la Fiscalía de la CPI y el Estado venezolano. Creo que hoy tenemos buen diálogo y buena comunicación y que debemos avanzar hacia el concepto de la complementariedad, donde el Estado nacional ejerce su soberanía, se perfecciona, cambia, mejora y avanza en sus tareas constitucionales y los organismos internacionales acompañan al país en esa gran misión».

Incógnitas en el aire

Para conseguir que el «enfoque de doble vía» funcione, Khan ha ofrecido formar a jueces, fiscales y policías venezolanos.

«Mi equipo va a regresar en un plazo de tres semanas para interactuar con sus expertos (del Gobierno) y podamos trabajar desde el punto de técnico en capacitación y apoyo (…) para que Venezuela pueda seguir resolviendo los problemas que existen», anunció el jurista británico.

Maduro aceptó esta oferta con las siguientes palabras:

 «Estamos absolutamente de acuerdo en fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de la justicia y a sacar el máximo provecho a la asistencia técnica de la Fiscalía», dijo, al tiempo que se comprometió a emprender nuevas reformas legales para «incorporar al ordenamiento jurídico interno los principios y valores del Estatuto de Roma».

Asimismo, el fiscal anunció: «vamos a fijar ciertos hitos y plazos para asegurarnos que haya progreso».

Khan también informó que durante esta visita se lanzó «oficialmente» el llamado «plan de trabajo conjunto» que su despacho y las autoridades venezolanas suscribieron a finales de 2023. No obstante, el contenido de este sigue siendo un misterio.

El plan fue presentado en un acto celebrado en el Palacio Federal Legislativo, al cual asistieron el fiscal de la CPI; el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez; el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz. Sin embargo, los medios de comunicación apenas transmitieron algunas declaraciones de algunos de los asistentes y ninguna de ellas versó sobre la iniciativa, tal y como constató Acceso a la Justicia luego de revisar dos videos y las informaciones aparecidas en siete medios de comunicación digitales, públicos y privados.

Dando marcha atrás

Karim Khan no sólo inauguró las instalaciones de su oficina en Caracas, sino que también colaboró con la posible reapertura de otra instancia que permanece cerrada: el despacho que tenía en el país el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El fiscal le dijo lo siguiente al jefe del Gobierno:

 «Me muestro muy agradecido de que usted haya mostrado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina del alto comisionado de la ONU regrese a Venezuela y darle efecto lo más pronto posible. Creo que es algo muy positivo».

El mandatario, por su parte, declaró:

    «Estoy de acuerdo con que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Türk (…) y hablemos de las diferencias que tenemos y el conflicto que surgió y lo superemos. Cuando quiera y como quiera».

«Reconstruyamos los puentes de comunicación sobre la base del respeto», remató.

Hace casi 2 meses el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció la suspensión de las actividades y  la salida del personal de la oficina técnica que el alto comisionado d tenía en Caracas, bajo la acusación de haberse convertido en un «bufete particular de grupos golpistas y terroristas que permanentemente confabulan contra el país». Esto se produjo luego de que Türk cuestionara la detención arbitraria y desaparición forzada de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Confusión mediática

La visita de Khan también estuvo marcada por malas interpretaciones y confusiones con relación al caso venezolano. Así, la agencia española de noticias Efe aseguró en un artículo que la investigación de la Fiscalía de la CPI «quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara internamente los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017».

La afirmación desde el punto de vista técnico jurídico no luce acertada, pues la investigación actualmente no está paralizada. Solo lo estuvo entre abril de 2022 y junio de 2023 por los recursos interpuestos por el Estado venezolano ante la propia Corte. Sin embargo, los mismos fueron rechazados.

La última derrota en este sentido la sufrieron las autoridades en marzo pasado, cuando la Sala de Apelaciones avaló la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar a Khan a reanudar sus averiguaciones.

Otro ejemplo es que algunos medios publicaron informaciones en las que se aseguraba que Khan había abierto una investigación sobre el supuesto impacto que las sanciones internacionales impuestas por los Gobiernos como el de Estados Unidos han tenido sobre los derechos humanos en Venezuela.

La Fiscalía de la CPI examina la remisión que el Gobierno venezolano presentó en febrero de 2020 en ese sentido, situación conocida como Venezuela II, pero la misma todavía se encuentra en fase de examen preliminar. Lo que Khan dijo en su declaración es que las autoridades se habían comprometido con él a entregarle más información que le servirá para «poder tomar una decisión en su debido momento».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Esta nueva visita del fiscal de la CPI es positiva por cuanto se inauguró la anunciada oficina técnica que brindará apoyo a jueces, fiscales y policías para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad y evitar que se repitan.

Sin embargo, la opacidad y falta de información que rodearon el viaje son motivo de preocupación y no contribuyen a generar tranquilidad, en especial después de las convulsas semanas vividas por los venezolanos, en las cuales activistas de derechos humanos, políticos y periodistas han sido detenidos, se ha impedido a candidatos la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones presidenciales y las autoridades han presentado proyectos de ley que parecen destinados a reforzar la censura y la autocensura.

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