Fueron documentados 418 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2024, evidenciando la sistematicidad de la Política de Criminalización a quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela, por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Ataques Trimestre 2024
Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático, en el marco de un contexto pre-electoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de sociedad civil.
En efecto, entre enero y marzo de 2023 se registraron 418 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 85% en relación al mismo período en el año 2023 cuando se registraron 226 situaciones.
Comparativo Ataques Trimestre 2024
El Estado venezolano aplicó los patrones represivos que conforman la Política de criminalización, represión y control social en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos humanos.
En el periodo se generaron nuevos avances normativos tendientes a la restricción de las libertades cívicas en el país. El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y el proyecto de Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares representan nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentan el nivel de riesgo para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Los 418 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
Caracterización Trimestre 2024
El trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, se ve afectado en tanto desde distintas instancias del Poder Público se intenta vincularse a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia, haciendo uso de leyes restrictivas y del derecho penal para judicializar, perseguir y criminalizar bajo la lógica del enemigo interno.
El espacio cívico y democrático en Venezuela sigue amenazado
El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos sigue siendo adverso y hostil. La implementación de medidas legales y fácticas restrictivas y contrarias al espacio cívico y democrático aumentan los riesgos para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El primer trimestre se caracteriza por nuevas amenazas provenientes del Poder Legislativo. Durante el mes de enero el parlamento avanzó con el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y el anuncio de la presentación de un nuevo proyecto normativo titulado Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares.
Ambas propuestas normativas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. De concretarse su aprobación y entrada en vigencia se pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defensa y exigencia de derechos y aumentarán las posibilidades de criminalización bajo la lógica del enemigo, amparada por estas leyes.
Alertamos que, la justificación de este tipo de legislación centrada en la necesidad de proteger la nación y su soberanía ante agresiones injerencistas, desestabilizadoras y terroristas, en función de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional aumenta los riesgos para la sociedad civil, y es el fundamento para la materialización de agresiones en el marco de la Política de criminalización, represión y control social existente. Tras los anuncios de estos avances normativos no solo se ve amenazada la capacidad operativa de las organizaciones en el marco de la legalidad y de forma independiente, sino que también ha derivado en el incremento y materialización de otros ataques e incidentes. Destacando en el trimestre la persistencia de la estigmatización, el aumento de la intimidación, el hostigamiento y las amenazas.
Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de DDHH
El primer trimestre del año se caracterizó por estigmatización, amenazas y actos de intimidación y hostigamiento realizados en contra del movimiento de derechos humanos, acciones que de forma directa comprometen la integridad y seguridad de las personas y organizaciones defensoras; y se constituyen como acciones destinadas a generar temor entre la sociedad civil para que esta se inhiba de actuar por miedo a ser víctima de la política represiva, de criminalización y de control social. Al respecto, recordamos que los Poderes Públicos y diversos entes gubernamentales son responsables por acción y por omisión de la materialización de agresiones y ejecución de los patrones que conforman la política de criminalización.
Continúan las agresiones y ataques que afectan la vida, libertad e integridad personal de las personas víctimas. Las acciones del Estado orientadas a la reducción del espacio cívico y democrático que afectan gravemente las capacidades operativas y las posibilidades de acción de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, quienes tienen que realizar sus actividades bajo el temor de ser víctimas de la política de criminalización, represión y control social.
El Estado venezolano continúa tomando acciones en contra de la sociedad civil a medida que el país se acerca a los eventos electorales a llevarse a cabo en el segundo semestre del año. Desde el CDJ insistimos que el trabajo realizado en protección de los derechos en un contexto como el venezolano es vital para la recuperación de las instituciones democráticas y la obtención de justicia, verdad y reparación ante las violaciones cometidas.
Desde el CDJ hacemos un llamado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las mismas. El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas, revela el CDJ.
