Transcurridos 22 años de haber sido despedidos en 2002, extrabajadores petroleros aún continúan reclamando justicia por sus derechos laborales, declaró el dirigente sindical Iván Freites.
En representación de sus compañeros, a Freites le fue permitido un derecho de palabra ante la Comisión de Administración y Protección de Activos (CAPA).
El organismo fue creado por la Asamblea Nacional 2015 con la facultad de administrar y proteger los bienes de Venezuela en el exterior y representar al país en juicios y arbitrajes.
A través de una conexión por la plataforma Zoom, el dirigente sindical explicó que “los extrabajadores petroleros han acudido a los tribunales en Estados Unidos buscando justicia para hacer valer sus derechos”.
“Los trabajadores petroleros son víctimas del atropello y amenazas por parte de las empresas estatales, vulnerando sus derechos humanos”, dijo Freites ante el órgano legislativo.
Explicó que ante la falta de respuestas y soluciones del sistema judicial venezolano, los extrabajadores petroleros recurrieron a los tribunales estadounidenses.
Sin mencionarlo, Freites hacía referencia a una demanda presentada y admitida por la jueza Jennifer Hall, de la Corte Federal de Delaware.
Se trata de una demanda colectiva de carácter privado con detalles sellados para proteger la identidad de los extrabajadores petroleros y fue presentada por Freites en septiembre de 2023 y luego ampliada en enero de 2024.
El caso es del conocimiento del juez Leonard Stark, quien lleva el pleito de la canadiense Crystallex contra Citgo Petroleum en demanda por una compensación por la expropiación de sus activos en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.
20 mil trabajadores petroleros despedidos hace 22 años reclaman una indemnización de 100 mil dólares y exigen ser incluidos en la subasta de Citgo, pero el presidente de Pdvsa ad hoc, rehusa a una indemnización, según dirigentes sindicales.
La persecución comenzó en 2002
Freites indicó que la persecución comenzó hace 22 años, tras el paro petrolero de 2002/2003 cuando el entonces presidente Chávez despidió a 20 mil trabajadores de la industria petrolera.
Dijo que son muchos los casos de persecución y citó el de Guillermo Zárraga de quien dijo estuvo cuatro años presos o de Rubén González de la estatal Corporación Venezolana de Guayana.
“La persecución fue nacional e internacional. Citgo y Pdvsa, con todas las filiales internacionales, se dedicaron a impedir que pudiésemos llevar el pan a nuestros hogares”.
Freites pidió a la Comisión de Administración y Protección de Activos tomar las medidas necesarias para garantizar que los derechos de estos trabajadores “sean reconocidos y protegidos».
“Una indemnización debida por los sufrimientos causados”, precisó.
Propuestas a CAPA
Durante su exposición, Freites planteó varias propuestas: la primera es que CAPA debe hacerse presente en el reclamo de los trabajadores y velar por el respeto a los derechos humanos de cada trabajador.
Crear un mecanismo de protección para denunciantes: Establecer un diálogo constante con los sindicatos y trabajadores: Establecer canales de comunicación entre los trabajadores, sus representantes y CAPA.
“Es imperativo que esta comisión actúe no sólo como un cuerpo de administración, sino como un verdadero defensor de los derechos de los trabajadores venezolanos”, precisó el dirigente sindical.
