Por segunda ocasión en cuatro años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino el partido Primero Justicia (PJ) en respuesta a una solicitud del diputado de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, José Brito.
Brito, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Primero Venezuela, fue nombrado presidente ad hoc de la junta directiva de PJ y ahora posee el aval para emplear la tarjeta y los símbolos del partido.
Este miércoles 24 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó un lapso de 48 horas para que la nueva junta directiva de PJ se adhiera a una de las postulaciones admitidas por el ente comicial de cara a los comicios del 28 de julio.
Igualmente, el TSJ ordenó al parlamentario llevar a cabo un proceso de reestructuración para designar autoridades en las regiones y modificar estatutos.
En junio de 2020, el máximo tribunal del país intervino Primero Justicia y nombró a Brito como líder de la junta directiva ad hoc, sin embargo tres meses después echó atrás la decisión.
Carpeta en mano, Brito acudió el pasado 15 de marzo a preguntar por el “limbo jurídico” en el que se encontraba el partido y un mes después, luego de que el CNE admitiera las postulaciones para presidente, le devolvieron las riendas de la tolda amarilla.
Brito fue expulsado de PJ en 2019 luego que un reportaje del portal Armando.info revelara aparentes nexos con el empresario colombiano Alex Saab y una supuesta red de malversación de fondos en torno al programa de Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). La eventual trama de corrupción fue bautizada como «Operación Alacrán» por la oposición.
Un año después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Brito y a otros seis diputados, entre ellos el también ex miembro de Primero Justicia, Luis Parra, por su participación en el intento de juramentar una junta directiva paralela en la Asamblea Nacional.
En noviembre de 2023, abogados españoles demandaron a Brito y a otros diputados por estar supuestamente en la trama de corrupción con Saab y los CLAP.
“Tanto las empresas como los diputados relacionados intentaron utilizar a abogados honestos para que liberasen las cuentas bancarias y legitimasen no solo a empresas sino también los contratos que celebraron contra el patrimonio público de Venezuela”, se consideró en esa demanda.
Primero la justicia
A propósito de la decisión del TSJ, la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez sostuvo que la designación de Brito al frente de la junta directiva ad hoc no cambia nada en el partido.
«Creo que la gente sabe muy bien quién es José Brito. Ese personaje quedó para hacerle el trabajo sucio a la dictadura y es lamentable para él, porque a nosotros como partido nunca nos ha hecho ni nos podrá hacer daño. Pretenden decir con esto que lo que pasa en Primero Justicia lo deciden ellos y mandan a títeres vergonzosos a creer que pueden asumir el liderazgo de un partido«, dijo la dirigente.
Martínez manifestó que este movimiento demuestra la ausencia de estado de derecho y el control que ejerce el Ejecutivo sobre los poderes públicos en Venezuela.
“Así cobra el régimen nuestra postura determinada y determinante para ser garantes de la ruta electoral en unidad con los venezolanos. Están buscando por todas las maneras ensuciar un evento comicial. Nosotros hemos dado todo nuestro respaldo al candidato Edmundo González Urrutia”, acotó Martínez.
A juicio de Martínez, Nicolás Maduro perdió la brújula: «Debería ponerle un poquito de atención a lo que hicieron en la tal consulta obligatoria del domingo 21 de abril. Amenazaban, llamaban y pedían asistencia y nadie les puso cuidado”.
No es el primero
Roberto Enríquez, presidente del partido Copei no intervenido por el chavismo, indicó que a partir del despojo de la tarjeta y los símbolos de la tolda socialcristiana, el Gobierno ha emprendido una cacería contra la disidencia y específicamente perjudicado a miembros del G4 como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia.
“La tarjeta es muy importante porque es el vehículo por donde el elector expresa su voluntad de votar por una u otra candidatura, son símbolos fundamentales de la democracia que representa a toda una organización política e ideológica”, explicó..
Enríquez indicó que no es apropiado emplear el término judicialización para hablar de partidos intervenidos.
“Me parece un eufemismo, porque ese proceso se hace cuando hay un debido proceso y en estos casos eso no existe, no hay derecho a la defensa, solo hay una usurpación donde unos asaltantes cogen los símbolos de una organización que democráticamente escogió a sus autoridades”, denunció.
A juicio de Enríquez, en el caso de Copei no hubo judicialización: “Solo le dieron nuestros símbolos a unas personas que se dedican a traficar con ellos. Confiscación, intervención y asalto son los términos adecuados en todo caso”.
El dirigente copeyano sostuvo que el despojo de tarjetas y símbolos posee un componente de violencia política.
“El objetivo es tener partidos que no hagan una oposición real y confundir al electorado, es una violación a los derechos humanos. Cuando se asalta un partido político estamos hablando de confiscación y agresión”, sentenció.
Apariencia de normalidad
Para la dirigente de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, la apropiación de los partidos por parte de terceros sospechosos de hacerle el juego al gobierno es una excusa para decir ante la comunidad internacional que en Venezuela se produce una “fiesta electoral”.
“Pero ya la gente, el ciudadano sabe lo que está ocurriendo y por eso se hace tan poderosa la tarjeta de la unidad como símbolo que nos unifica a todos, ya que somos víctimas del robo de nuestros símbolos partidistas, de nuestras tarjetas electorales”.
Pichardo recordó que VP pasó por lo mismo que Primero Justicia en la actualidad.
