Este miércoles, 24 de abril, la ONG Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y afirmó que en el 2023 persistieron las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
En el informe, la organización señala que el Estado venezolano es responsable del colapso de los servicios públicos y el sistema de salud, desaparición forzada y torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad.
El informe de AI documenta todos los hechos en materia de derechos humanos que se han producido en Venezuela en 2023, haciendo especial énfasis en que en el país “persisten las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defendían los derechos humanos”.
A continuación las violaciones a los derechos humanos en Venezuela que destaca AI en su más reciente informe.
Derechos económicos, sociales y culturales
La falta de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica continuó siendo motivo de honda preocupación.
Al concluir el año seguía sin implementarse el acuerdo humanitario conocido como “Mesa Social” que el gobierno y la oposición habían firmado en 2022. El acuerdo establecía la creación de un fondo humanitario gestionado por la ONU para atender las cuestiones urgentes relacionadas con la salud, la educación y los servicios públicos, con recursos procedentes de los activos venezolanos confiscados en el exterior.
También, persistieron las denuncias de persecución, intimidación, hostigamiento y otros actos de violencia contra sindicalistas y trabajadores. Así como también maestros y docentes continuaron exigiendo mejores condiciones laborales.
El sistema de salud publico continúa en crisis producto de la poca dotación de insumos médicos y los bajos salarios que percibe todo el personal médico.
AI señala que el derecho al acceso al agua y la alimentación es uno de los problemas más graves. El sueldo mínimo calculado en unos 3.5 dólares no alcanza para cubrir el costo de la canasta alimentaria que sobrepasa los $500, según estimaciones de entes independientes. Mientras que 74,5% de las familias carecen de acceso regular a agua potable.
Represión a la disidencia
AI afirmó que durante 2023 continuó la política de represión aplicada por el gobierno. Quienes pertenecían —o se consideraba que pertenecían— a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos.
Las autoridades continuaron restringiendo la participación política, refiriéndose específicamente a la líder de oposición, María Corina Machado.
Indicaron también que el espacio de la sociedad civil estaba constantemente bajo ataque. En enero, la cámara legislativa entabló un debate sobre un proyecto de ley para auditar y regular el funcionamiento de las ONG y supervisar su actuación y financiación.
Libertad de expresión y detenciones arbitrarias
Sobre la libertad de expresión, la organización afirmó que persistieron las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar a la disidencia y criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
«Las autoridades respondieron con frecuencia empleando fuerza excesiva y llevando a cabo detenciones arbitrarias», dijo AI.
La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos, seguían formando parte de la política de represión ejercida por el gobierno de Venezuela, explicó Amnistía Internacional.
La organización mencionó la detención de forma arbitraria por razones políticas del profesor Robert Franco y del ingeniero Darío Estrada quienes seguían esperando que se reanudaran sus juicios.
Derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente
Amnistía Internacional recalcó también que la minería ilegal practicada en la zona del Arco Minero del Orinoco seguía teniendo consecuencias graves para los derechos humanos en el estado Bolívar y afectaba de forma desproporcionada al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, al consentimiento libre, previo e informado, y a un medioambiente saludable.
Insistió en que persiste la impunidad por el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, defensor indígena de los derechos humanos y de la tierra. Sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de personas desconocidas.
AI recordó que en materia ambiental, al concluir el 2023, Venezuela no había firmado ni ratificado el Acuerdo de Escazú, y la pretensión del gobierno de aumentar la producción de petróleo contradecía sus compromisos internacionales de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Derechos de las mujeres y niñas
La ONG resaltó que las mujeres y niñas venezolanas seguían teniendo problemas para acceder a la alimentación, agua y saneamiento adecuados. En ese sentido, la organización reiteró que las repercusiones de la prolongada emergencia humanitaria sobre los servicios de salud sexual y reproductiva seguían obstaculizando el acceso de las mujeres y las niñas a esos derechos.
AI expresó preocupación por la alta incidencia de la violencia de género contralas mujeres y las niñas, especialmente la persistencia de femicidios, las desapariciones forzadas y la violencia sexual y psicológica que distintas organizaciones de la sociedad civil han reportado.
Ataques a la sociedad civil
En la presentación formal del informe anual de Amnistía Internacional, a través de YouTube, Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), reiteró que la persecución, la represión y la criminalización no es nueva en Venezuela.
Destacó que por el periodo electoral que está el país ha habido un repunte de la persecución, amenazas y restricción del espacio cívico a personas percibidas como disidentes.
Borges indicó que el gobierno de Maduro ha creado leyes que justamente buscan restringir criminalizar y crear delitos o medidas para cerrar restringir el espacio cívico.
La directora de Cepaz recordó que las detenciones de Rocío San Miguel y Javier Tarazona, quienes se encuentran privados de libertad actualmente, tiene un efecto muy alto impacto en la sociedad civil de generar miedo y en anular o hacer que termine de cerrar y desaparecer el espacio cívico.
Finalmente, agradeció el trabajo que hacen las organizaciones internacionales y organismos de protección para la protección de los derechos humanos en el país.
