Diez personas, entre ellas varios exfuncionarios venezolanos y empresarios de compañías de Costa Rica y España, fueron acusadas en un tribunal federal de Miami de haber transgredido las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la empresa estatal de Petróleos de Venezuela como parte de una política que busca presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro hacia una apertura democrática.
Las acusaciones están incluidas en un documento judicial que permaneció más de dos años sellado y fueron reveladas el lunes en la noche por el Departamento de Justicia después de que un juez ordenó su desclasificación tras la detención de uno de los acusados.
El caso judicial se hizo público menos de una semana después de que el gobierno del presidente Joe Biden anunciara que volvió a imponer severas sanciones petroleras a Venezuela, reprobando los intentos de Maduro de consolidar su gobierno y apenas seis meses después de que Washington había relajado algunas restricciones con la esperanza de una apertura democrática en la nación sudamericana.
De acuerdo con el documento de 33 páginas que contiene los cargos presentados en la corte federal de Miami, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente en Estados Unidos piezas de aviones —incluidos motores Honeywell Turbofan— para la flota de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Venezuela violando así las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos.
Para concretar su operativo, los acusados ocultaron a las empresas estadounidenses que los productos estaban destinados a Venezuela y PDVSA, exportándolos a terceros en otros países, entre ellos a la compañía costarricense Novax Group SA y a la empresa española Aerofalcon SL.
¿Quiénes son los acusados de quebrantar las sanciones?
Entre los acusados hay cuatro que están relacionados con PDVSA: Gilberto Ramón Araujo Prieto, exgerente de transporte aéreo y coronel venezolano; Guillermo Ysrael Marval Rivero y Fernando José Blequett Landaeta, gerentes de transporte aéreo y análisis logístico, y George Clemente Semerene Quintero, jefe de logística y quien fue detenido el 19 de noviembre al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami.
Otros cuatro trabajaban en Novax: Luis Alberto Duque Carvajal, su dueño; Melvin Alemán Espinoza, director de operaciones; Mikhail Largin, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, empleado de Novax en Venezuela, según el documento.
Los dos acusados restantes están relacionados con la empresa española Aerofalcon: Juan Carlos González Pérez, el dueño; y Juan David Guerra Viera, uno de sus directores.
