Establecer como máxima pena la cadena perpetua está al margen de la Constitución, como lo sería la pena de muerte, declara el abogado y dirigente político Macario González, quien dice que de esa forma Nicolás Maduro, que anda en campaña electoral, lo que trata es causar impacto mediático en la población.
Intenta de esa forma hacer creer que es un mandatario que está enardecido por la corrupción; sin embargo, le explotó en la nariz el más estruendoso caso de ese grave delito protagonizado por uno de sus más cercano colaboradores, a quien hasta hace muy poco defendía ferozmente, como ya lo había hecho enérgicamente Hugo Chávez, de los señalamientos que hacía el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre sus presuntas vinculaciones con terroristas árabes y otros hechos delincuenciales.
Lea también: Guillermo Palacios: ¿Por qué Maduro no propuso la cadena perpetua cuando fue constituyente?
Ese hombre, prosiguió el abogado González refiriéndose a Tareck El Aissami, que ocupó cargos ministeriales e incluso llegó a ser vicepresidente ejecutivo de la República, lo ampararon, lo protegieron, tanto que a estas alturas, a más de un año del escándalo Pdvsa-Cripto, estaban más ocupados de dar con los miles de millones de dólares que fueron desfalcados mediante moneda cibernética que en castigar a la corrupción.
No tengo la menor duda de que esto tiene que ver, como dice el refrán popular, que entre los bomberos no se pisa la manguera, prosiguió. La verdad es que tanto en la dirección del Psuv como en la cúpula de Maduro todos tienen una especie de mafia, un negocio, un interés económico relacionado con las finanzas públicas.
Este hombre que ha caído en desgracia es la mejor demostración de que la corrupción se ha impregnado hasta en los tuétanos del poder y es el mejor ejemplo de que es necesario salir del gobierno del siglo 21, porque es un sistema que se corrompió de manera irreversible.
Esa propuesta de implantar la cadena perpetua no va más allá que una amenaza de carácter electoral, porque para combatir la corrupción sólo hace falta aplicar el Código Penal y la Ley Anticorrupción, así como en que haya funcionarios competentes en la Contraloría General de la República y eficientes miembros de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, porque si se pueden detectar cualquier hecho irregular en las dependencias públicas no podía pasar desapercibida la desaparición de una monstruosa cantidad de miles y miles de millones de dólares en el manejo de la principal industria del país, porque es la que mueve al Estado venezolano.
De modo, pues, que la propuesta de Maduro tiene como objetivo sacudir a la opinión pública para hacer creer que hay un giro en el gobierno, pero el mejor giro es el que le puede dar el pueblo, cambiando el modelo del socialismo del siglo 21 por uno democrático, en el cual funcionen las instituciones y se resuelvan los problemas que ha agravado la gestión de Maduro, dijo Macario González.