El exparlamentario y abogado Rafael Narváez denunció que tanto la Ley contra el Odio y contra el Facismo, aprobadas por la Asamblea Nacional vulneran las garantías constitucionales y derechos humanos establecidos en la Constitución de Venezuela.
Narváez, también defensor de los derechos civiles, expresó a El Impulso su profunda preocupación por estas iniciativas legislativas, señalando que:
- Carecen de técnica legislativa: Son leyes discrecionales que no definen claramente qué constituye «fascismo» o «discurso de odio», dejando abierta la puerta a la interpretación arbitraria por parte de las autoridades.
- Contemplan penas desproporcionadas: Las penas por delitos tipificados en estas leyes pueden llegar hasta 12 años de prisión, lo que es totalmente desmedido y viola el principio de proporcionalidad.
- Crean una comisión para vigilar las opiniones: Esta comisión, similar a las tristemente célebres del pasado, representa una amenaza real a la libertad de expresión y al libre pensamiento.
- Violan las garantías constitucionales: Estas leyes atentan contra el derecho a la libertad personal, el derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa, entre otros derechos fundamentales.
Impacto de la ley del facismo
Nelly Cuenca de Ramírez, jefe del departamento de derechos humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), criticó la definición de fascismo en la ley y señaló que no se corresponde con su significado real.
Asimismo, señaló que el artículo 4, numeral 1, prohíbe las denuncias sobre el mal funcionamiento de las instituciones del Estado.
“Esa ley en el artículo 4, numeral 1, dice que fascismo es una postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la muerte denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos”, expresó Cuenca.
Por su parte, Manuel Virgüez, coordinador de Movimiento Vinotinto, señaló que la ley viola el derecho a la libertad de pensamiento garantizado en la Constitución, así como el derecho de organización política.
Además, manifestó su preocupación por la imposición de un pensamiento único y el posible uso de la ley para perseguir las candidaturas de opciones políticas diferentes, como la de María Corina Machado.
