En estos días que corren ha sido noticia notable la película “Oppenheimer”, en la que se ofrece un relato que describe la vida del científico estadounidense, J. Robert Oppenheimer, el singular físico que lideró el laboratorio de Los Álamos que formaba parte del proyecto Manhattan, que tenía como finalidad la creación de la bomba atómica. Lo que vino después, los días 6 y 9 de agosto de 1945, fueron los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki autorizados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Las consecuencias de esos ataques dejaron un terrible saldo de entre 105.000 y 120.000 personas que murieron y 130.000 quedaron gravemente heridas.
En Venezuela, Hugo Chávez Frías, inventó la fórmula del Socialismo del Siglo XXI, después de haber intentado, infructuosamente, derrocar el gobierno constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez. De las asonadas militaristas quedaron tiradas en las calles decenas de personas fallecidas. Posteriormente, después que Chávez asumió el poder, por la vía democrática, mediante elecciones libres, lo primero que hizo fue desarrollar un proceso constituyente, su peculiar “bomba atómica”, que le permitió asaltar las instituciones públicas, valiéndose de ese mecanismo constituyente encubierto. Los resultados han sido desastrosos, como explicaremos más adelante.
¿Qué ha pasado en Venezuela después que Chávez bombardeara las bases del Estado de derecho y sucesivamente maniatar al Poder Judicial, a la Fiscalía y a la Contraloría de la República? Pues bien, desapareció el principio de separación de poderes y se ha ido consolidando una estructura criminal al frente de las desvencijadas instituciones públicas que ha dado lugar a la aparición de la figura de estado fallido y forajido al mismo tiempo. Veamos:
Recientes cifras de violencia y crímenes sitúan a Venezuela como “el país más inseguro y peligroso de América Latina y uno del mundo. Entre 1999, año en el que llegó Hugo Chávez al poder, hasta 2018, se han registrado 333.029 muertos por violencia. De media, perdieron la vida 40 personas por día, y en su mayoría jóvenes en condiciones de pobreza. Solo el año pasado (2018), 14.336 personas perdieron la vida en el país suramericano, de las cuales se estima que 283 eran jóvenes menores de 30 años de edad murieron cada semana”. Las cifras fueron dadas a conocer en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, indicando que “Los venezolanos tienen hambre, pero también tienen miedo, porque ha habido muchas muertes y mucha injusticia (…) Venezuela no era un país violento y ahora sube cada vez más”, aseguró, en esa oportunidad, el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León. Asimismo, precisó que en el país suramericano “se incentivó la violencia, el uso de las armas y el uso de la fuerza” por parte del Estado.
Otros datos aportados por la ONG Provea indican que, “entre 2013 y 2023, las fuerzas represivas al servicio de Nicolás Maduro, mataron a 9.465 personas, o sea el Estado matando seres humanos. El vocero de dicha organización, Marino Alvarado, no tuvo remilgos a la hora de asegurar que “Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos”.
Según el OVV, en 2018 fueron asesinados 7.523 venezolanos por resistirse a las autoridades de seguridad del Estado, como el FAES (grupos de exterminio) y los cuerpos policiales y militares, que reciben órdenes del régimen y se han convertido en el brazo represor de quienes critican a Maduro.
Ahora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, siguiendo los pasos dados por Hugo Chávez en Venezuela (1999), de Evo Morales en Bolivia (2006) y por Rafael Correa en Ecuador (2007/2008), se resuelve a convocar una asamblea constituyente alegando que “sus planes de gobierno no alcanza a concretarlos por vía del parlamentarismo democrático”. Solo quien pretenda hacerse el ciego no podrá ver la evidente deriva autoritaria que entraña dicho planteamiento, a la luz de las amargas prácticas aplicadas bajo el paraguas del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Está a la vista los planes siniestros de “bombardear” las instituciones colombianas.
En consecuencia, hago mía la advertencia de la activista política colombiana, Viviane Morales Hoyo, cuando dice: “que nadie se llame a engaños, la Constituyente de Petro no es la de la Constitución de 1991 sino la del marxista italiano, Toni Negri, que entiende el poder constituyente “como la fuerza que irrumpe, quebranta, interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda posible continuidad”.
Antonio Ledezma
@Alcaldeledezma
