Este miércoles, 20 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la suspensión del proceso electoral de la Universidad de los Andes (ULA) destinado a la elección de rector, vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales de cogobierno de la casa de estudios; y lo hizo sin publicar el texto completo de la sentencia.
Mediante la sentencia N° 015 la Sala Electoral suspendió el proceso de elección de las autoridades con ocasión de un recurso interpuesto por el abogado y profesor jubilado José Eladio Quintero Marquina contra el Consejo Universitario de la ULA.
Hasta los momentos se desconocen los fundamentos jurídicos de tal decisión, porque la Sala no ha publicado el texto completo donde explique los motivos de la suspensión.
Las elecciones en la casa de estudios estaban previstas para el próximo 30 de abril, mientras que se estimaba que la segunda vuelta electoral fuese el 8 de mayo de 2024, el acto de proclamación de los ganadores de la elección se el 21 de mayo y el acto de juramentación el 5 de junio.
Una práctica común
Según la ONG Acceso a la Justicia, la suspensión de las elecciones en las universidades suele ser una práctica común del TSJ.
La ONG indicó que en noviembre del año pasado, la misma Sala intervino las elecciones de la Universidad de Carabobo (UC), y aún la sentencia no ha sido publicada.
Aunque la UC se opuso a la medida de suspensión de las elecciones, la Sala Electoral declaró no ha lugar tal oposición, sin publicar el texto del fallo.
Acceso a la Justicia alertó que el proceder de la Sala Electoral «viola el principio de publicidad de las sentencias, y además deja en indefensión a las universidades, que desconocen bajo qué argumentos (la Sala) suspende el proceso de elecciones de sus autoridades».
«Suspender los comicios de nuestras universidades nacionales viola la autonomía universitaria, que estas tienen consagrada constitucionalmente», afirmó la ONG.
15 años sin renovar las autoridades
Han pasado 5 años desde la última elección en la Universidad de los Andes. Cabe destacar que dicha decisión, según la organización Aula Abierta, «menoscaba el derecho al voto de los universitarios a decidir la renovación de sus autoridades y así como de esas mismas autoridades a entregar sus cargos como corresponde legalmente, todo ello en ejercicio de su autonomía y competencias que le dan las leyes, reglamentos y normativas vigentes».
