La expulsión de la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Venezuela el pasado mes de febrero sigue generando rechazo en la comunidad internacional. Esta vez, la delegación de Paraguay, en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador y Guatemala, lamentó la decisión de la administración de Maduro e instó a reactivar las labores del personal.
En la presentación de un nuevo informe de derechos humanos sobre Venezuela, esta agrupación de países alentó al rápido restablecimiento de las funciones de la oficina.
«Instamos al gobierno de Venezuela a implementar las recomendaciones anunciadas en repetidos informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a colaborar de manera auténtica y transparente con la Oficina del Alto Comisionado y todos los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos», expresó el funcionario paraguayo.
La recomendación viene de la preocupación por la «restricción del espacio cívico» rumbo a las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de 2024.
Las detenciones arbitrarias continuas, el uso de la fuerza contra militantes políticas y sociales, las precarias condiciones de detención y los retrasos judiciales, son otras razones por las que estos países instan a restablecer la oficina en Caracas.
«Destacamos la importancia crucial de respetar el derecho a participar de la vida política y pública, incluida la participación electoral, como uno de los pilares fundamentales para el ejercicio pleno de la democracia en un Estado de Derecho», destacan.
Expulsión de la Oficina de Venezuela
El pasado 15 de febrero, el canciller de Venezuela, Yván Gil, informó que la administración chavista suspendería las actividades de la oficina en el país. 72 horas fue el plazo para que el personal de la ONU abandonara la nación sudamericana.
Según Gil, la comisión se desvió de sus funciones y solo restablecerían la operatividad de la oficina si rectifican su actitud «colonialista, abusiva y violadora de la carta de Naciones Unidas».
