Trabajo de www.talcualdigital.com
Este 13 de marzo se cumplen cien días de la celebración del referendo sobre el Esequibo, que fue convocado por el gobierno de Nicolás Maduro y que consultaba con la ciudadanía, entre otras cosas, la conformación de la entidad número 24: el estado Guayana Esequiba.
Hasta ahora lo prometido por el Ejecutivo fue «pan y bulla». En diciembre, en medio de la campaña del referendo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, prometió la discusión de la ley «inmediatamente» finalizara la consulta.
A la fecha, tampoco hay una norma para reglamentar la dinámica en el estado 24. El 9 de enero, un mes y seis días después del referendo la AN-2020 aprobó en segunda discusión 8 artículos del Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, aprobada en primera discusión y con urgencia parlamentaria el 6 de diciembre de 2023.
Durante el debate, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Diosdado Cabello, solicitó el diferimiento de la discusión debido a la llegada al Palacio Federal Legislativo del Poder Popular. Ese día apenas quedaron establecidas las fronteras de la entidad.
De acuerdo con lo expuesto en la sesión de ese día, el proyecto de ley tiene como objeto «establecer los medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la Guayana Esequiba, actualmente usurpado por la República Cooperativa de Guyana, como resultado del írrito Laudo Arbitral de 1899».
El instrumento está conformado por 22 artículos, una exposición de motivos, cuatro capítulos, una disposición transitoria y una final, que establece la preservación de la independencia, ratificar el Acuerdo de Ginebra de 1966, decretar la Guayana Esequiba como estado de Venezuela y proteger la población que hace vida en ese territorio y a la que lo hará en el futuro.
Venezuela insiste en que el Esequibo, que no controla desde 1899, le «pertenece». Sin embargo, el Gobierno no ha puesto un pie en el territorio. Guyana, en tanto, espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la controversia, pese al rechazo de Caracas a esta vía.
Promesas que no se cumplieron después del referendo
El Ejecutivo también se mantiene silente con respecto al despliegue militar para una zona cercana al Esequibo. Mucho menos ha hablado sobre el plan de entrega de nacionalidad a quienes viven en ese territorio, ni sobre las concesiones que debían emitirse “de inmediato” para explotar el petróleo en el lugar.
El gobierno venezolano tampoco ha consumado la expulsión -en tres meses- a las empresas que operan en el territorio en disputado con el permiso de Guyana.
Las escasas declaraciones que brinda el Gobierno sobre el Esequibo giran en torno al “derecho” de Venezuela sobre el área y a la búsqueda de soluciones amistosas con Guyana, sin comentarios sobre todos los planes anunciados o el dinero gastado en esta operación.
Lo que sí es un hecho es que el pasado 25 de enero, los jefes de la diplomacia de Venezuela y Guyana, Yván Gil y Hugh Todd, respectivamente, instalaron una comisión, en Brasil, para mantener un diálogo pacífico y sin amenazas sobre la disputa, con el compromiso de volverse a reunir en marzo, en una fecha que aún no se conoce.
En estas conversaciones, Caracas ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que establece la necesidad de buscar una solución a través de negociaciones directas, especialmente en las aguas que considera “pendientes por delimitar”, en las que se hallan grandes reservas de hidrocarburos.
Más allá de las negociaciones, Maduro reiteró este mes que Venezuela no acatará ninguna decisión de la CIJ y que, sea cual sea su sentencia, Guyana se verá obligada a pactar con Caracas sobre el Esequibo, que representa dos tercios de su territorio.
Poder central llevará las riendas
El gobierno de Nicolás Maduro ha preparado el terreno, al menos de forma simbólica, en el «estado 24». El 8 de diciembre el mandatario aprobó seis decretos para la protección y defensa del territorio. En el primero se designó a Alexis José Rodríguez Cabello, como Autoridad Única del estado de la Guyana Esequiba. El mayor general «gobernará» desde Tumeremo, en el estado Bolívar, a unos 90 kilómetros de la zona en reclamación.
Rodríguez Cabello es diputado oficialista de la AN-2020 por el estado Bolívar. Es presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN. El nombramiento se hizo sin que la ley estuviese sancionada.
Dado que el estado 24 existe en la teoría, pero no en la práctica, las riendas y las decisiones para regir su administración son delineadas desde el poder central y así lo contempla el proyecto que discute la Asamblea Nacional. El instrumento consta de cuatro disposiciones transitorias. En la primera, se señala que hasta tanto se celebren las elecciones en el estado Guayana Esequiba (…), un territorio en el que han sido descubiertas grandes riquezas, el Gobierno y la administración del Estado será ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno designado por Maduro.
En la segunda disposición se le asigna a la Asamblea Nacional, actualmente dominada por el chavismo, la responsabilidad que debería tener un Consejo Legislativo electo por la población del «estado Guayana Esequiba».
