Trabajo de www.talcualdigital.com
La minería ilegal en el país ha crecido de forma acelerada en las dos últimas décadas. Imágenes satelitales lo confirman y los estudios de la ONG SOS Orinoco dan cuenta de las huellas negativas que deja esta actividad al margen de la ley.
Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, afirma que han identificado de forma georeferenciada «más o menos 2.750 puntos mineros (ilegales)» en el país. También asegura que Venezuela ocupa el segundo lugar de los países amazónicos –después de Brasil– con más minas irregulares.
Las últimas mediciones de MapBiomas Amazonia (2022) indican que en 71.279 hectáreas de Venezuela se practica la minería ilegal. Datos recientes de SOS Orinoco indican que son 173.989 hectáreas en las que se practica la minería, pero estos datos también abarcan la que se hace en el Esequibo, que es impulsada por Guyana.
«Venezuela está bastante peor que Perú y Brasil (con la minería ilegal)», enfatiza Cristina Burelli.
En el siguiente mapa realizado por la organización SOS Orinoco podrá ver las minas ilegales en los estados Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Para ver el detalle haga clic en los puntos rojos:
Luis Betancourt, investigador de derechos indígenas y ambientales y coordinador del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), asegura que la mayor afectación por minería ilegal «se está generando en el sur de Venezuela, especialmente en los estados Bolívar y Amazonas» y que ambas entidades tienen realidades distintas.
Asevera que «absolutamente toda la minería que se ejerce en Amazonas es ilegal» y recuerda que estas son regiones protegidas por órdenes presidenciales. Menciona el decreto presidencial 269 del año 1989 que prohíbe la minería en Amazonas con la finalidad de preservar y conservar los recursos naturales como bosques, fauna, flora, cuerpos de agua y la diversidad cultural, pero este se incumple.
Recuerda que en los años 90 en Amazonas la minería ilegal estaba focalizada solo en dos municipios: Atabapo y en Alto Orinoco y, en la actualidad, «la minería ilegal está en todos los municipios (siete) del estado Amazonas»; lo que se traduce en un incremento de esta actividad ilícita, que incluso se practica hasta en Puerto Ayacucho, que es la capital.
En cuanto al estado Bolívar, Betancourt indica que existen permisos del Estado para practicar la minería, pero dice no estar de acuerdo y la califica de «inconstitucional e ilegal» porque se ejerce en territorios indígenas, con gran importancia biológica y ambiental, no solo para el país, sino para el mundo entero y denuncia que estas prácticas constituyen amenazas para los territorios amazónicos y para los pueblos indígenas.
Afirma que el parque nacional Yapacana (Amazonas) es el más afectado por la minería ilegal al consumir unas 300 hectáreas anuales. Explica que solo aquí existen aproximadamente 40 minas que son focos de devastación ambiental.
Venezuela concentra alrededor de 3% de la oferta mundial de minerales. Ante la crisis económica que enfrenta la nación, muchos venezolanos se han visto en la necesidad de irse a las zonas mineras en busca de mejores oportunidades, sin tener en cuenta las consecuencias de esta actividad tanto para el ecosistema como para sus vidas.
La minería conlleva enormes impactos ambientales y ecológicos como tala masiva de árboles, la tierra desnuda por el bombeo a presión de agua para remoción de la tierra, deforestación, contaminación de los ríos por el uso de mercurio con aguas residuales tóxicas y otra serie de efectos adversos para el planeta.
Sin embargo, para el investigador de Griam, el mayor impacto de la minería ilegal en el país es contra todas las personas que la practican, los pueblos indígenas, la salud y los derechos humanos.
Detalla que entre las principales afecciones a la salud destacan la malaria, que no solo está presente en los focos donde se practica minería ilegal, sino que se extiende a otras comunidades del país donde no se hace esta actividad, pero donde están los familiares de quienes sí trabajan en estos lugares.
Luis Betancourt también expone que el vertido de mercurio genera graves daños al ecosistema, la flora, la fauna y la salud de quienes consumen las aguas contaminadas o peces de esos afluentes.
No obstante, sostiene que es difícil cuantificar los impactos que genera la minería ilegal y específicamente el uso de mercurio sobre ecosistemas terrestres, fluviales, sobre la fauna, personas y flora en estas zonas porque no tienen la capacidad de hacerlo ya que necesitan permisos del Ministerio del Ambiente —que casi siempre son negados— para realizar estos estudios, lo que hace que no existan datos recientes de primera mano.
En este sentido, la directora de SOS Orinoco recuerda que «en Venezuela el mercurio está prohibido en todo el territorio nacional por ley». El 5 de agosto de 2016, el Ejecutivo emitió el decreto 2.412 con el que se «prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte del mercurio como método de obtención o tratamiento del oro y cualquier otro mineral».
El año pasado, durante el noveno informe periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), el embajador Héctor Constant reconoció que Venezuela firmó pero está pendiente de ratificar la Convención de Minamata, referente al impacto del uso de mercurio en la salud.
Minería ilegal vs DDHH
Los investigadores Cristina Burelli y Luis Betancourt coinciden en que uno de los mayores impactos de la minería ilegal es contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las demás personas que se mudan a estas zonas buscando mejores oportunidades de vida para sus familias.
Betancourt acentúa que al hablar de minería ilegal también se tocan otro conjunto de actividades ilegales que afectan estos territorios como los son economías ilícitas, contrabando de combustible, contrabando de víveres, comercialización de sustancias nocivas más allá del mercurio, esclavitud moderna y hasta trata de personas.
«En las minas de oro hay un poco de todo», resume el representante de Griam.
Burelli asevera que la minería ilegal en el país lo que está generando «es esclavitud moderna, trata de personas y violación de derechos humanos porque una vez que las personas entran en la minería ilegal se vuelven esclavos»
Enumera que en estas zonas hay hasta profesionales que abandonaron sus carreras por los pocos ingresos que generaban y buscan mejores posibilidades económicas antes la crisis económica. Dice que al entrar en el mundo de la minería se genera un círculo vicioso porque todo se debe pagar en oro y se le debe dar un porcentaje al dueño de la mina, «quedando atrapados en ese mundo», del que asegura es difícil salir.
Por su parte, Luis Betancourt afirma que en las minas también hay niñez, aunque añade que no hay datos específicos del porcentaje que representan. «Hay muchos niños y adolescentes que han abandonado sus estudios porque sus padres dejaron sus comunidades y se mudaron para practicar la minería y ayudar a sus familias. Esa es la realidad de las minas de Bolívar y Amazonas», puntualiza.
Agrega que existe trata de personas vinculada a la minería y grupos irregulares (venezolanos, colombianos y brasileños) presentes en la zona, desplazamientos de comunidades por violencia, por la disputa de las minas y desplazamientos hasta Colombia y Brasil.
El investigador de Griam explica que el aumento de indígenas en la práctica de la minería ilegal se debe al empeoramiento de la situación social y económica que los lleva a formar parte de esas actividades ilícitas para subsistir y poder adquirir alimentos y otros artículos básicos porque todo se cancela en oro.
¿Y el Estado?
Los defensores del ambiente se preguntan por qué la inacción del Estado para detener y acabar con la minería ilegal en el país, pese a que las autoridades han anunciado planes para combatirla.
Tras el reciente accidente en la mina «Bulla Loca», en el estado Bolívar, que de acuerdo con la cifras oficiales dejó 16 muertos y 36 heridos, el mandatario Nicolás Maduro denunció que en la zona de La Paragua hay un «conjunto de irregularidades graves», entre ellas «actuaciones corruptas de algunos funcionarios», que dijo se están investigando.
Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional (FAN), ha mostrado en su cuenta de X fotografías y videos en los que se ve a funcionarios militares quemar supuestas estructuras de esta mina, en la que afirman trabajaban más de 2.000 personas y se desalojaron al menos 1.728 ciudadanos.
El Ejecutivo informó que el año pasado expulsaron más de 10.000 mineros ilegales de la Amazonía venezolana, pero de estas operaciones no hay mayor información ni sobre el destino de las personas o si enfrentan algún procedimiento legal.
A juicio del investigador Luis Betancourt, «el Estado es responsable de todo lo que está ocurriendo en el sur del país con el tema de la minería ilegal, con el tema de la presencia de grupos irregulares y la conflictividad territorial; es decir, por no cumplir con el mandato constitucional de ejercer soberanía y darle cumplimiento a las normativas de protección ambiental».
Para Cristina Burelli, los anuncios de las autoridades por redes sociales son «un show mediático» porque cree que si Maduro y demás autoridades tuviesen un interés verdadero en acabar con la minería ilegal «lo harían de un plumazo, con prohibir el flujo de gasolina que va a las minas».
La presidenta de SOS Orinoco sostiene que mientras «desmantelan (minas) por un lado, permiten por otro». Asegura que las autoridades «se llevan una tajada del oro que sacan de ahí para enriquecerse y controlar el negocio», por lo que desestima que exista un incentivo real para acabar con la minería ilegal.
