Este sábado 9 de marzo se cumple un mes de la arbitraria detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien permanece recluida en el considerado «centro de torturas más grande de América Latina» del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), El Helicoide.
Distintas organizaciones han denunciado que en este tiempo, la presidenta de la ONG Control Ciudadano solo ha podido recibir dos visitas de su hija, Miranda Díaz San Miguel, y no ha tenido contacto con sus abogados de confianza. Señalan que las autoridades le impusieron un defensor público que está dejando vencer lapsos procesales fundamentales para su defensa.
San Miguel tampoco ha podido recibir asistencia consular de la Embajada de España en Venezuela, a pesar de tener doble nacionalidad.
Cabe resaltar que activistas en el país denuncian que la defensora fue detenida sin pruebas la madrugada del 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija. Permaneció sometida a desaparición forzada temporal por más de 100 horas.
Brazalete Blanco
El gobierno de Maduro la acusa de estar involucrada en una supuesta conspiración para asesinarlo, denominada “Brazalete Blanco”. Los únicos elementos que ha presentado como supuestas pruebas son mapas cartográficos de acceso público que ella utilizaba para sus actividades académicas.
Ante esto la comunidad internacional ha exigido reiteradamente su liberación, organizaciones como la ONU, la CIDH y la OEA, además de distintas naciones como Estados Unidos, la Unión Europea y diversos países latinoamericanos han condenado su detención arbitraria.
Se espera que la comunidad internacional continúe presionando al chavismo venezolano para que se libere a Rocío San Miguel y se ponga fin a la persecución de los defensores de derechos humanos en el país.
