Que pronto la Corte Penal Internacional (CPI) dicte orden de captura en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro, esperan los abogados internacionalistas María Alejandra Aristeguieta, William Cárdenas Rubio y Blas Imbroda.
En efecto, coincidieron en esta apreciación, con sus análisis jurídicos, en un foro organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), conducido por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional del comando de María Corina Machado.
El foro abordó la investigación del Tribunal Mundial sobre Maduro y altos mandos de su gobierno en el área militar, policial y los poderes públicos como el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General por crímenes de lesa humanidad.
Los abogados esperan que la CPI dicte orden de captura contra Maduro basado en el revés que el mandatario sufrió luego de que la Corte Internacional desestimó un recurso de apelación, cuya pretensión era detener el avance de las investigaciones.
La maniobra de Venezuela, intentada hace un año, fue rechazada por unanimidad el pasado 1 de marzo por la cámara de apelaciones, que dio luz verde al fiscal británico Karim Khan para continuar el proceso de investigación.
Khan inició las investigaciones contra Maduro en noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017 durante las protestas de la oposición en contra de su gobierno.
La investigación incluye persecución política, encarcelamiento, tortura, violación sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios de Maduro.
Maduro desafía a la CPI
La abogada María Alejandra Aristeguieta, internacionalista y ex embajadora de Venezuela ante la ONU, dijo que Maduro continúa desafiando y cuestionando constantemente los informes de la CPI.
Citó como ejemplo la expulsión de los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, la detención de la activista Rocío San Miguel y el asesinato en Chile del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
“Es alarmante esta política de guapetón de barrios, de cómo Maduro continúa desafiando a la Corte Penal”, dijo la especialista en el foro de OGAL, transmitido vía Zoom.
La abogada se pronunció por acelerar el proceso judicial, establecer las personas que serán llevadas a juicio e indicó que de producirse una orden de captura será de obligatorio acatamiento para todas las naciones que integran la ONU.
Largo historial
William Cárdenas Rubio, presidente del Comité Internacional contra la impunidad, narró que el proceso contra Maduro se inicia en 2003 por una denuncia ante la Audiencia Nacional Española, por los hechos del 11 de abril de 2002.
Indicó que seis estados miembros del Estatuto de Roma apoyan la investigación que adelanta el fiscal Kan en referencia a Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú que pidieron se investigue crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.
“Estamos en un momento estelar; lo ocurrido el 1 de marzo marca el camino de la justicia universal y pronto habrá noticias de órdenes de captura”, dijo Cárdenas.
Blas Imbroda, abogado integrado ante la CPI, comentó que la Sala de Apelaciones del tribunal mundial ha rechazado las estrategias de Venezuela porque sus argumentos son falsos.
“En Venezuela no hay un estado de derecho; los jueces no son independientes y los responsables de los crímenes de lesa humanidad son los altos funcionarios del poder público que no van a permitir ninguna investigación”, afirmó Cárdenas.
