Un permanente corte eléctrico vive Venezuela desde hace varios años por las continuas fallas del servicio, por un racionamiento impuesto desde el Gobierno que no respeta horarios y por las averías de cientos de transformadores en todo el país. El mega apagón, que dejó a casi todo el territorio nacional sin luz por varios días en 2019, generó sustanciales cambios en la vida de los venezolanos y aún con secuelas difíciles de borrar
Daniela estaba en casa de su mamá aquel 7 de marzo de 2019 porque no tenía internet en su apartamento, ubicado en el estado Bolívar. En el transcurso del día, se fue informando por las redes sociales de cómo el país se iba apagando poco a poco.
«No me preocupé en ese momento. Lamentablemente solemos pensar que si no me afecta, no pasa nada. Recuerdo que le dije a mi mamá: bueno, si se va la luz, al menos tenemos gas porque con la cocina eléctrica sería triste para nosotras», recordó.
Se fue a dormir con la idea de que Bolívar no sería afectado por la falla eléctrica. Esta región alberga al embalse El Guri, el cual se encuentra delimitado por la represa del mismo nombre y en donde se encuentra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Sin embargo, pasadas las 10:00 p.m., le tocó el turno, luego de un corte eléctrico en una fase y a las 12:00 de la medianoche todo el estado quedó completamente a oscuras.
«Sentí mucha incertidumbre. Fue cuando caí en cuenta de que todo el país estaba sin luz. No sabía qué pasaba porque hasta perdí la señal telefónica. Solo agradecía porque en casa de mi mamá habían surtido gas y teníamos comida», agregó.
Este jueves 7 de marzo se cumplen cinco años del mega apagón que dejó a millones de venezolanos sin servicio eléctrico por casi una semana en 20 de los 23 estados del país y, que a su vez afectó los sistemas de telecomunicaciones y de suministro de agua potable. Hoy, en 2024, Venezuela padece de un apagón continuado, al ejecutarse desde el Estado un plan de racionamiento eléctrico que se extiende más allá de las horas programadas, al ocurrir continuas fallas en el servicio que duran desde minutos hasta horas, y tras las explosiones e incendios de plantas o transformadores.
Nueve años antes del mega apagón, el fallecido presidente Hugo Chávez había decretado una emergencia eléctrica para solventar las fallas de la infraestructura a través del financiamiento y acuerdos con empresas privadas, para compras de equipos sin necesidad de llamar a licitación. Lo ocurrido en 2019, evidenció que este plan fue un absoluto fracaso.
Un reporte de la ONG Transparencia Venezuela determinó que 61% de los recursos destinados al sistema eléctrico fue desviado en hechos irregulares. La investigación detectó que entre 1999 a 2016 se erogó un monto de 37.600 millones de dólares, en planes donde se descubrieron «sobreprecios» y actos de corrupción estimados en $23.033 millones.
Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela, sostiene —además— que en el sector eléctrico se han tomado decisiones que afectaron al sistema. Por ejemplo, las termoeléctricas que funcionaban como Planta Centro, sufrieron daños con las obras de ampliación que se llegaron a ejecutar y por utilizar un combustible no apto para su operatividad.
«Las termoeléctricas nuevas como la Luis Zambrano de Mérida, tampoco aportó la energía necesaria. En Mérida debía funcionar con gas y para ello se debió instalar un gasoducto que nunca se construyó. Entonces la pusieron a funcionar con gasoil y quedó inoperativa en muy poco tiempo», acotó.
La estatización de las empresas del sector ocurrió con la creación de la Corporación Eléctrica Nacional en 2007. El control total se alcanzó en 2010 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que convirtió a Corpoelec en el operador único en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Rangel agregó un tema que ha sido recurrente: los recursos que se destinan al sistema eléctrico a través de las leyes de presupuesto y de endeudamiento. En los documentos oficiales de los ejercicios fiscales de cada uno de los últimos años, se aprueban financiamientos para las mismas obras de los cuales no hay avances.
«El proyecto de la Central Hidroeléctrica de Tocoma ha aparecido en las leyes especiales de endeudamiento como receptor de recursos desde hace varios años, aunque está paralizada la obra. Incluso en la Ley Especial de Endeudamiento de este año 2024, tiene una asignación de 66 millones de dólares. Esta obra junto con otras de electricidad recibirán recursos por deuda de 661 millones de dólares», explicó.
Un punto importante a destacar es que la administración de Nicolás Maduro no rinde cuentas sobre la ejecución del gasto público, por lo que es difícil hacer contraloría a la forma en que se administran los recursos.
Para el Gobierno, el mega apagón tiene un culpable: factores internos y externos que sabotearon el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para generar zozobra y angustia en la población. Algo que no ha podido ser demostrado a pesar de que sus instalaciones se encontraban custodiadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. La presencia de militares en la infraestructura eléctrica fue ordenada desde la gestión de Chávez.
El deterioro del servicio de electricidad que derivó en el mega apagón significó un antes y un después en la vida de los venezolanos. Mucho se ha informado sobre el por qué se llegó a esa monumental falla en 2019, pero también es necesario recalcar que los ciudadanos tuvieron que ingeniárselas para salir airosos de esa situación y otros aún no se recuperan del trauma que les generó.
Ricardo trabajaba de barista en un café de Puerto Ordaz en Bolívar. El local contaba con planta eléctrica, lo que le permitió al menos tener carga en su celular y ver qué pasaba en la ciudad.
«Mucha gente llegó pidiendo el favor de poder cargar su celular. Otros consumían un refresco, un agua o alguna merienda que nos quedara, mientras cargaban sus teléfonos y laptops y, aprovechaban para trabajar. Fue complicado porque en ese año era un rollo el tema del vuelto para pagos en dólares. Casi que obligabas al cliente a tener que gastar el billete completo, pero la gente ese día compraba hasta hielo», detalló.
Bolívar fue el último estado en apagarse, aquella noche del 7 de marzo. Al día siguiente, la electricidad comenzó a restablecerse a partir de las 10:00 a.m. Desde entonces, el servicio no ha mejorado. Donde hay mayor incidencia es en los municipios del sur y oeste. No hay cortes programados, pero en zonas como El Callao, hay apagones de ocho y hasta 12 horas en un día.
El presidente (e) de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, señaló que hacia los municipios del sur «la luz se va, por lo menos, una vez a la semana. A veces esas interrupciones pueden prolongarse por tres, cuatro o cinco horas, lo que significa indudablemente que puede ocasionar daño de alguna mercancía, especialmente en los alimentos perecederos».
Agregó que en los tres principales municipios (Caroní, Angostura del Orinoco y Piar), que representan más de 80% de la población, no se percibe esta misma realidad. En cambio, en El Palmar, municipio Padre Chien, los reportes de cortes eléctricos son al menos una vez a la semana, y en ocasiones dos veces por semana.
Para González, el hecho de que en las zonas más remotas se perciba en mayor medida el problema eléctrico, obedece a que la capacidad de respuesta se concentra menos hacia el resto de la región; aunque también puede influir la distancia, grietas en la vialidad, escasez de combustible, entre otros.
Las fallas eléctricas también se relacionan con transformadores dañados o que colapsan en su capacidad. El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, por ejemplo, declaró en varias oportunidades que la población, y por ende la demanda, creció debido a la actividad minera en el municipio. Ello influyó en el colapso de transformadores en comunidades como Nacupae o El Perú.
Lugo admitió que la Alcaldía de El Callao carece de las condiciones económicas para asumir los gastos de respuesta para el sector eléctrico. Incluso, que la Gobernación tampoco tendría solvencia, sino únicamente el Gobierno nacional.
De la «burbuja» al caos
A pesar de que Caracas suele ser considerada como una «burbuja» que no padece los mismos problemas que las regiones en materia de servicios, la capital del país no queda al margen de la precariedad eléctrica y las deficiencias estructurales de la distribución energética. Las fallas son constantes en distintos sectores de la ciudad, muchas veces estando vinculadas con explosiones de transformadores en subestaciones eléctricas, así como otras infraestructuras de Corpoelec.
Desde el mega apagón de marzo hasta la actualidad, medios caraqueños han registrado no menos de 15 incidentes a la infraestructura eléctrica, entre detonaciones de transformadores que incendian subestaciones eléctricas, cortos circuitos en líneas de alta tensión y explosiones en torres de Corpoelec.
El discurso oficial de las autoridades tiende a señalar a presuntos hechos de «sabotaje» como causantes de estas explosiones y diversas fallas en las subestaciones del país. Sin embargo, en enero de 2022, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, ordenó la creación de una «sala de investigación contra los sabotajes», con la cual contemplaban incrementar la supervisión en estas estaciones, instalando incluso cámaras de vigilancia. Desde este anuncio, se incrementó el registro de este tipo de incidentes, al menos en Caracas, con ocho reportes hasta la fecha.
Los caraqueños no estaban acostumbrados a las fallas del servicio en 2019, por lo que el mega apagón fue un shock significativo al no estar preparados para este tipo de eventualidades. En algunas zonas de la capital la interrupción del servicio duró tres días, pero en otras áreas llegó a casi una semana.
«Para nosotros fue todo un caos. Lo más traumático fue abastecernos de agua. En casa tenemos un tanque subterráneo que opera con máquinas, así que tuvimos que amarrar un tobo con un mecate para sacar agua, tal como lo hace mucha gente en los pueblos que van a un pozo. Era una tarea complicada porque requería fuerza, y lo pudimos hacer hasta que el nivel del agua nos lo permitió», contó Carmen Rosales desde el municipio Baruta.
Las consecuencias del mega apagón, así como la de otras fallas similares, redundan en otras áreas que llegan a afectar la calidad de vida. Para el ingeniero Nelson Hernández, hay dos términos que se deben tomar en cuenta y que son estándares mundiales: la pobreza energética y la seguridad energética. Asegura que el gobierno no puede garantizar, a plenitud, las necesidades energéticas de la población venezolana.
«La pobreza energética se refiere a la accesibilidad a los servicios energéticos modernos, y la seguridad energética es referida a la confiabilidad del suministro de dichos servicios. Venezuela, hoy, con todos los racionamientos energéticos por los cuales atraviesa (electricidad, GLP, diésel, gasolina, etc.) sufre inseguridad energética. Pero lo que sí debe quedar claro, y aunque suene como un trabalenguas, es que, si la inseguridad energética no es atendida, se convierte en pobreza energética», dijo.
Ernesto García, habitante de Barquisimeto en el estado Lara, recordó las dificultades que enfrentó durante el mega apagón. «En nuestro caso tuvimos una semana sin luz, nos bañamos en un río, se nos dañó la comida y no teníamos agua», relató.
El ingeniero Hernández enumeró las causas de las frecuentes fallas del servicio: fuerte deterioro, y continuo, de las líneas de transmisión por efecto de la sobre carga (sobre todo las líneas de 765 y 400 kV) para poder transmitir carga hacia las zonas donde la generación autóctona no puede suplir la demanda; colapso del sistema de distribución, producto de la sobre carga por no existir reemplazo de los que se dañan y de los que han cumplido su vida útil y, deficiencia en el suministro de combustibles (gas, diésel y fuel oíl) para la generación termoeléctrica.
Milagro de Ocanto, residente del sector La Estación (Lara), coincide con García en la gravedad del apagón de 2019. «Cinco días sin luz en donde nuestros alimentos se dañaron. Pasamos muchas dificultades», contó.
En comparación con 2019, Ocanto afirmó que el servicio ha mejorado, con menos interrupciones y una duración menor de las mismas. No obstante, la incertidumbre sobre el futuro del sistema eléctrico persiste. «Hay bajones, sí. Hay muchos bajones. El servicio no es que sea óptimo», reflexionó.
En Lara sostienen la necesidad de soluciones urgentes y sostenibles para el problema eléctrico en Venezuela. Destacaron que es prioritario promover la inversión tanto pública como privada para fortalecer la infraestructura y aumentar la generación de energía.
«El sistema eléctrico requiere un cambio importante, una inversión», afirmó el presidente de Fedecámaras Lara, José Manuel Alejo. «Ya creo que tenemos 17, 18 años con un monopolio estatal, que es Corpoelec, yo creo que ya es tiempo suficiente para evaluar de que no ha sido la mejor forma de administrarlo», argumentó.
Señaló que las interrupciones del servicio, que pueden durar hasta cinco horas, impactan negativamente al sector empresarial, generando costos adicionales y una disminución en la producción. «Para nadie es un secreto, tenemos apagones constantes», recalcó.
Al recordar el apagón de marzo de 2019, señala que muchos empresarios tuvieron grandes pérdidas. «Más allá del tema de que no pudiesen vender, quienes ya tenían sistemas de generación de energía manejaron mejor la situación, pero quienes no la tenían, tuvieron pérdidas graves y en general la gente tuvo una situación difícil», apuntó Alejo.
En los últimos dos meses en el estado Yaracuy existen cortes prolongados del servicio eléctrico de manera constante. Los apagones se producen a veces a diario y en otras semanas de forma interdiaria. Las interrupciones duran un promedio de cuatro y cinco horas por día. Las zonas rurales son las más afectadas.
La situación afecta a zonas residenciales y comerciales. Muchos de los cortes de energía se producen en horas de la mañana, lo cual afecta el normal desenvolvimiento de las actividades. En locales que no cuenten con plantas eléctricas reciben pagos en efectivo, debido a que generalmente quedan también sin internet para los puntos de venta inalámbricos.
En Yaracuy poco ha sido la mejora en el servicio eléctrico. Yudit Dávila, habitante de Cocorote, dijo que el 7 de marzo de 2019 marcó un cambio de paradigma. En esa oportunidad había también había escasez de gas doméstico y le tocó vivir esta experiencia sin luz y sin gas para poder cocinar.
«Prácticamente lo que comíamos eran pan donde se podía conseguir. A veces mis vecinos me ayudaban y en otros casos nos reuníamos todos y cada quien ponía algo para cocinar con leña», recordó.
También señaló que sus hijos iban al Farmatodo a cargar el teléfono celular. Como el establecimiento contaba con planta eléctrica, era la forma en la que podían comunicarse, aunque la señal era paupérrima.
«Esa situación fue muy angustiosa porque no se sabía nada, ni por qué se había ido la luz, no nos quedó de otra que esperar con paciencia, y aún la tenemos, porque la situación no mejora en nada. La estamos viviendo peor porque todos los días hay fallas constantes», afirmó Dávila.
Nicolás Santos, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Yaracuy, dijo que desconocen las causas de los constantes apagones. «Corpoelec no ha emitido un comunicado para explicar la situación y lo poco que conozco es que los cortes programados los hacen para prevenir que algunos transformadores en la ciudad fallen y tengan sobrecarga, ya que de lo contrario la avería sería mayor», explicó.
Refirió que desde el sector productivo del estado han expuesto la necesidad de entablar una reunión con Corpoelec para establecer cortes programados para tomar previsiones, pero eso no se ha logrado.
Apuntó Santos que en el centro de la ciudad casi todos los días se va la luz, hay municipios en el que se va en la mañana y en la noche, lo que deja entrever que el servicio es deficiente y costoso. «Como gremio estamos preocupados porque el servicio es deficiente, costoso y no responde por los daños a los equipos y productos que algunos requieren de refrigeración», amplió.
David Hernández, también habitante de Cocorote, coincidió en que la situación no ha mejorado. Recordó que aquel día se tuvo que ir a casa de un hijo en San Felipe, porque no quiso estar solo y porque lo poco que tenía en la nevera se le iba a dañar. «Esa semana me fui a casa de mi hijo porque él temía que no iba a poder comunicarse conmigo y que era mejor que estuviera con él», recordó.
Hernández continuó rememorando cómo todo se paralizó. Había poco tráfico y muy pocas personas en la calle. Las que salían, lo hacían a cargar los teléfonos donde había planta eléctrica.
«Fueron unos días duros y el temor que hay en la población es que esto vuelva a suceder porque estamos claros de que el servicio eléctrico, lejos de mejorar, es deficiente cada día y sigue golpeando a las familias y a los comerciantes», afirmó.
Alba Infante, habitante de Independencia, añadió que se le dañó la comida que tenía en la nevera, además de los helados que vendía en esa oportunidad, por lo que considera fueron días traumáticos y de pérdidas. Calificó la situación como una bomba de tiempo, porque no ve mejorías en el sistema sino fallas todos los días.
«Es un trauma. Cuando veo que hay fallas por largas horas me pregunto si será que se va a ir otra vez. Son traumas que le quedan a una», dijo.
Economía también quedó sin luz
El apagón nacional se suele recordar como un día individual, sin embargo, no solo se produjo una falla nacional, sino cuatro. Tres ocurrieron en marzo y la última ocurrió el lunes 22 de julio de 2019. En todos estos casos, el país quedó completamente a oscuras, paralizado, no por unas horas, sino por un día entero; en algunos casos, varios días o hasta una semana.
La suma acumulada de todas estas interrupciones totales del servicio eléctrico representó un duro impacto para la economía. Significó paralizar las plantas industriales, es decir, dejar de producir durante semanas enteras; restringió brutalmente el comercio al reducir los medios de pago al uso exclusivo de dólares en efectivo y anuló el sistema bancario nacional.
El parón productivo y comercial produjo pérdidas importantes para un país que ya afrontaba un abismo económico con una caída sostenida de su Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 52% entre 2014 y 2018, de acuerdo con la data del Fondo Monetario Internacional (FMI), utilizada en ausencia de las cifras oficiales que debe publicar el Banco Central de Venezuela (BCV).
Esa misma carencia de datos oficiales es la que impide determinar, con exactitud, el impacto que tuvo ese oscuro marzo para el PIB venezolano. Sin embargo, economistas asomaron diversas estimaciones por aquel entonces. Los cálculos más conservadores eran los de Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, que mencionaba unas pérdidas por el orden de $1.098 millones entre el 8 y 15 de marzo, la semana del primer y más prolongado apagón. Por aquel entonces, la cifra representaba 1,3% del PIB venezolano.
Otras estimaciones fueron menos optimistas, como la del economista Ángel Alvarado, quien por aquel entonces formaba parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), pues proyectó unas pérdidas por el orden de $4.000 millones, equivalentes a más de 4% del PIB del país.
Más allá de la precisión numérica, lo cierto es que el apagón constituyó un golpe contundente para la economía, no solo por su impacto inmediato, sino también por sus consecuencias a largo plazo. El SEN nunca ha acabado de recuperarse y las fallas eléctricas son constantes en todo el país, lo que acaba por complicar la actividad en casi toda parcela productiva del país.
El economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra, desmenuzó los problemas que genera un servicio eléctrico precarizado para Venezuela y que dan paso a un efecto recesivo.
«Los cortes eléctricos significan, evidentemente, un menor crecimiento del PIB. Las plantas se apagan, disminuyen las ventas porque los negocios tienen que cerrar. Eso tiene un efecto recesivo en la economía», sostuvo.
La economía es un todo y los problemas que afecten a un sector, acaban por tener repercusión en otro de la cadena productiva. Es por eso que los problemas energéticos perjudican incluso a la industria petrolera, de la cual el sistema económico venezolano es dependiente. Sin una mejora en este ámbito, la producción encontrará dificultades para mantener un crecimiento progresivo.
«La electricidad también afecta la actividad petrolera, porque las bombas en las que están los pozos petroleros, donde está la extracción, se mueve con electricidad. Es uno de los grandes problemas que tiene la actividad petrolera al momento de aumentar la producción», acotó Guerra.
El otrora diputado de la AN también hizo énfasis en que el problema no quedó en 2019, sino que ha tenido repercusiones cada vez que la actividad se paraliza debido a los constantes apagones. Según estimaciones de la OVF, los cortes de electricidad durante todo 2020 generaron una pérdida de aproximadamente $7.000 millones ese año.
En el ámbito de la producción nacional, el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Luigi Pisella, opta por ver el apagón como un hito que obligó al empresariado venezolano a estar mejor preparado para este tipo de contingencias, pues impulsó a las empresas a mitigar el impacto de los cortes mediante la autogeneración de energía.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, 89,5% de la pequeña y mediana industria cuentan con plantas eléctricas para generar energía de forma autónoma.
Claro está, es un sistema complementario al servicio tradicional, pues 99,2% de estas industrias siguen contando con Corpoelec como principal proveedor de energía eléctrica.
Esta alternativa no es una solución definitiva al problema. Pisella advierte que acudir a las plantas eléctricas para mantener la operatividad disminuye la eficiencia de la producción, incrementando los costos y sumándose a una enorme lista de factores que restan competitividad a la producción venezolana.
«Para nosotros no es una fecha grata. Padecimos lo que todo el país, pero de ahí en adelante hubo un antes y un después. La industria se fue preparando paulatinamente para autogenerarse su electricidad. Desde aquel entonces hasta ahora, es lo que hemos venido haciendo. Si bien, los problemas eléctricos no nos detienen, sí nos hacen ser menos eficientes y menos competitivos con muchos de los productos que son importados al país», resaltó.
Como parte de ese todo, la misma industria petrolera que padece los problemas eléctricos, impide que las plantas eléctricas sean una solución óptima al problema, pues estas consumen un diésel que no se produce en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Al acudir al mercado negro para adquirir este insumo, los productores deben pagar el doble o el triple de su precio. Así, se forma un círculo vicioso que acaba por encarecer cada vez más la producción y hacerla menos competitiva.
En este sentido, la industria propone alianzas entre públicos y privados para que, con la inyección de capital de inversionistas, puedan concretarse las adecuaciones que requiere el sistema eléctrico nacional.
«Tenemos que reestablecer la energía termoeléctrica en estados fundamentales. Lo que hemos propuesto es que haya alianzas con sectores privados para invertir puntualmente en esa generación eléctrica y no depender tanto de lo que se produce en Bolívar», remarcó.
El representante de las industrias venezolanas recordó que, mediante las negociaciones entre chavismo y oposición, se había acordado la creación de un fondo fiduciario —vigilado por la ONU— con dinero de Venezuela que se mantenía custodiado en Estados Unidos. Parte de esos recursos, unos $1.200 millones, estaban dedicados a recuperar el servicio eléctrico en el país.
«Aquí siempre caemos en el tema de la flexibilización de las sanciones. Estaba pautada la liberación de $1.200 millones hace más de un año. Esos recursos, que son de Venezuela, deben ser invertidos en el sistema eléctrico», destacó.
Apagón en el campo
No contar con un servicio público confiable, aún en la actualidad, sigue siendo un factor que incrementa los costos de las empresas, disminuye la productividad y reduce la rentabilidad.
«Los sectores rurales son los más afectados en Zulia, ya que no hay ninguna posibilidad de que estos puedan sobrepasar esta problemática de las fallas de electricidad. En nuestro caso como productores de leche y carne, son alimentos inocuos que necesitan electricidad para que exista la calidad del producto en los centros de consumo», refirió Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).
A su juicio, las fallas se deben a la mala generación y la distribución de la electricidad, debido a que tienen que balancear las cargas entre unos y otros municipios y estados.
«Hasta donde tengo entendido, la termoeléctrica no está generando energía. Apenas ahora se están cambiando unos cables de alta tensión que son los que atraviesan el lago de Maracaibo desde la Costa Oriental del Lago hacia el occidente. Esto nos va a generar más electricidad, lo que pasa es que, como estaban deteriorados, los van a suplantar y a darles mantenimiento», destacó Chacín.
Mientras se logra este plan, el sector agrícola y pecuario en la región sigue persistiendo a innumerables problemas, por lo que se han visto obligados a hacer cambios en su modelo de negocio.
«Más del 80% de lo que producíamos en leche iba a la industria. Hoy tenemos que hacer queso, que son métodos artesanales para poder, de alguna u otra manera, garantizar nuestras unidades de producción. De esta manera, la industria tiene mucho menos leche para poderla procesar. Estas son medidas que se toman en vista de que no sabemos cuándo es el corte eléctrico, no sabemos cuándo va a llegar nuevamente la luz y no sabemos las causas», dijo Chacín.
Hace más de 20 años, los venezolanos bromeaban con que Zulia es el estado más frío del país, debido al uso frecuente de aires acondicionados para mitigar una región altamente calurosa. Desde el mega apagón y los continuos cortes ya ese chiste se olvidó.
Maritza Rodríguez, de 58 años de edad, vive en la parroquia Caracciolo Parra Pérez, en Maracaibo. Para el momento del apagón, vivía con sus dos hijas y su esposo. «Recuerdo que durante el apagón sacábamos los colchones para el garaje. A mi esposo, que estaba en cama, lo trasladamos para la sala y así dormíamos, en el suelo».
Su familia fue una de las tantas en el país que tuvo cocinar con leña. «Entre los vecinos hacíamos arepas, huevos, bistec y cosas sencillas. Recuerdo que tomábamos agua caliente y ya después de unos días nos repugnaba. Deseábamos tomar agua fría. Eso fue toda una calamidad. De noche era todo oscuro. Las conversaciones eran largas y parecía como si estuviésemos en la Edad de Piedra».
Maritza considera que el servicio eléctrico no ha mejorado desde entonces. «Es una falta de respeto que quiten la electricidad cuando les parece, no avisan. La quitan hasta dos veces al día. Pasamos hasta dos, tres, cuatro, cinco y seis horas sin luz. Así las personas no pueden planificar bien su día y la quitan porque sí, porque la quitan y punto».
Con información del Correo del Caroní, La Verdad, La Mañana, El Impulso y Yaracuy al Día
