Un grupo de venezolanos se reunió este 27 de febrero en Madrid para exigir la liberación de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel, detenida el pasado 9 de febrero en Venezuela. El gobierno la señala de estar vinculada con una trama para «atentar» contra el presidente Nicolás Maduro.
Convocados por la comunidad venezolana, opositores y amigos de la activista hispanovenezolana acudieron a una vigilia organizada en la céntrica parroquia de la Milagrosa para pedir “su libertad y la de los presos políticos en Venezuela”.
San Miguel, abogada, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida por “entregar información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y de ejercer como “espía”, según dijo hace unos días el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. También la señaló de “desatar una serie de acciones contra la soberanía nacional”.
A pesar de las irregularidades de su detención, la política de España para con Venezuela «no va a variar», afirmó este lunes a EFE el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Albares, tras mostrar su apoyo a la activista hispanovenezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«Estamos haciendo todo lo posible, sabemos que por fin ha podido ver a su familia, tenemos una información puntual y detallada y nuestra política no va a variar, no ha cambiado desde el principio», señaló en los márgenes de su visita a Ginebra para participar en el citado Consejo de Derechos Humanos y en la Conferencia de Desarme.
Abogados no han podido impugnar su privativa de libertad
Este martes, 27 de febrero, Juan González Taguaruco, abogado defensor de Rocío San Miguel, denunció que no han podido impugnar la privación de libertad de la activista y tampoco asistirla con la defensa privada.
«Se ha vulnerado el derecho de la doctora San Miguel y del señor González de Canales a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. El retardo en la constitución de la defensa técnica trae un gravamen adicional y es que no se pudieron impugnar las decisiones que restringen la libertad de los detenidos, lo que es una violación grave al derecho a la defensa», enfatizó el abogado en declaraciones a VPItv.
Con información de EFE
El abogado explicó que el 26 de febrero se venció el plazo para que el Tribunal 2° de Terrorismo se pronunciara ante la solicitud de la hija de Rocío San Miguel de que se le permitiera juramentar a la defensa de la activista; pero ello no ocurrió. No hubo respuesta.
«A 19 días de su detención forzada, todavía sus abogados privados no han podido realizar este procedimiento que garantizaría una asistencia legal», dijo González.
