El príncipe Enrique no fue despojado de forma incorrecta de la escolta financiada por las arcas públicas para sus visitas a Reino Unido después de que renunciara a su posición como miembro activo de la familia real y se trasladara a Estados Unidos, según concluyó el miércoles un juez de Londres.
La decisión de proporcionar seguridad a Enrique que se valorara caso a caso, no era ilegal, irracional ni injustificada, indicó el juez Peter Lane en el Alto Tribunal.
El duque de Sussex afirmó que su familia y él se habían visto en peligro durante sus visitas al país debido a la hostilidad contra él y su esposa en redes sociales y a la persecución constante de los medios.
Su abogado alegó que el equipo del gobierno que evaluó las necesidades de seguridad de Enrique actuó de forma irracional y no siguió sus propios protocolos, que habrían requerido un análisis de riesgo sobre la seguridad del duque.
Por su parte, un abogado del gobierno dijo que Enrique recibió un trato justo y aún recibía protección en algunas visitas. Por ejemplo, una escolta le acompañó en junio de 2021 cuando fue perseguido por fotógrafos tras asistir a un acto con niños con enfermedades graves en los jardines Kew del oeste de Londres.
El comité que tomó la decisión de rechazar su solicitud de seguridad tuvo en cuenta el impacto más general que tuvo en la nación la “trágica muerte” de su madre, la fallecida princesa Diana, y al tomar su decisión dio más peso al “probable malestar público significativo si hubiera un ataque exitoso” contra su hijo, indicó el abogado James Eadie.
Harry, de 39 años, es el hijo menor del rey Carlos III y ha roto con la tradición de la familia real al acudir a los tribunales para desafiar tanto al gobierno como a los tabloides en sus esfuerzos de que los editores asuman responsabilidades por perseguirle durante toda su vida.
