Las restricciones impuestas desde las instituciones del Estado y mediante el discurso oficial limitan de manera directa la labor de periodistas y medios de comunicación, así como el derecho de las personas a mantenerse oportunamente informadas, asegura el informe anual de la ONG Espacio Público.
Advierte que en medio de un escenario pre electoral, que implica un reacomodo de las fuerzas políticas y la reactivación de la agenda de calle, el derecho a la libertad de expresión se posiciona como elemento fundamental para la consolidación de una sociedad democrática.
Durante el 2023 registramos al menos 204 casos, lo cual representa una disminución del 11% con relación al número de situaciones registradas en el 2022. Aunque este año 2023 registra la menor cantidad de eventos en la última década, la incidencia se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013. Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal respecto al año anterior.
El mes con mayor número de casos fue mayo (27), esto motivado a los ataques sufridos por la prensa en distintos estados del país. Octubre (22) y septiembre (21), completan la lista de los estados con más situaciones. En promedio, se registraron al menos 17 casos mensuales.
En el 2023 se contabilizaron 384 denuncias de violaciones, lo cual representa una disminución del 18% con respecto al total de violaciones registradas en el 2022, cuando ocurrieron 470 incidencias. La disminución del número total de violaciones, con relación a la cifra registrada en el 2022 no implica que se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, por el contrario, se mantienen las limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir informaciones. La menor incidencia es relativa respecto a los altos niveles de años previos que coinciden con escaladas masivas de la conflictividad social y política.
Impedimentos a la cobertura
La principal violación registrada en este periodo fue la intimidación, la cual suma casi un tercio del total de incidencias. Esta violación está vinculada principalmente a los impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores.
Detenciones arbitrarias
En el 2023 contabilizamos al menos 28 detenciones por el ejercicio del derecho; lo que representa un incremento del 65% con relación al año pasado, cuando registramos 17 detenciones. Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas. Estas detenciones suelen ser una medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Dicha situación mantiene la alerta sobre la creciente amenaza a la privacidad ante la intervención de comunicaciones personales, registrada por la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas 5, o el seguimiento y la posterior criminalización de mensajes de interés público.
Apagones y fallas en el servicio de internet
Registramos al menos 37 fallas o apagones que afectaron el servicios e internet a nivel nacional. En estos casos, los principales victimarios fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Corpoelec). Esta situación persiste desde hace varios años debido al mal estado de la infraestructura de las telecomunicaciones. Con menos frecuencia, operadoras privadas como Digitel y Movistar también han sufrido fallas que han afectado el servicio.
Cierre de emisoras radiales
Luego de que el 2022 se convirtiera en el año con mayor número de emisoras cerradas en las últimas dos décadas, el cerco impuesto a los medios de comunicación desde el gobierno central se mantiene, limitando el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Durante el 2023 registramos al menos el cierre de 12 emisoras que transmitían en señal abierta en siete estados del país y el Distrito Capital.
Violaciones al derecho en contextos electorales
El 22 de octubre se realizó la elección primaria para elegir la candidatura unitaria que se medirá al oficialismo en la elección presidencial de 2024. Este evento fue organizado por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) de manera autogestionada, sin el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) 14 , pero con el respaldo de distintas organizaciones sociales y políticas.
A pesar de tratarse de un proceso organizado y llevado a cabo por un sector político en particular, pudimos documentar que la Conatel limitó la cobertura de los eventos vinculados a la primaria opositora mediante llamadas y comunicaciones informales de responsables regionales y nacionales de Conatel a directivos y propietarios de las emisoras de radio y televisión, alegando que los medios que “no están obligados” a dar cobertura al evento porque cuenta con el apoyo del CNE; en otros casos se planteó directamente la prohibición de la cobertura.
Adicionalmente, el día de la votación, se registraron al menos 10 situaciones en donde se violó la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. Estos casos ocurrieron en Amazonas, Táchira, Sucre, Bolívar, Trujillo, Yaracuy, Lara y en el Distrito Capital 15. La mayoría de los victimarios resultaron ser personas desconocidas, militantes o presuntamente con vinculación al partido de gobierno.
Víctimas y victimarios
Las principales víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela son los periodistas, quienes con frecuencia son objeto de ataques y agresiones durante el ejercicio de sus labores. En tal sentido, el 48% de las víctimas corresponde a esta categoría. Estas situaciones principalmente se registran durante la cobertura de hechos noticiosos como protestas o situaciones puntuales en sedes de instituciones públicas, destaca Espacio Público.
