El gobierno venezolano viene adelantando desde hace cinco años una política de restricción a los espacios cívicos y de criminalización de las organizaciones que se dedican constitucionalmente a la defensa de los Derechos Humanos y las que se ocupan de denunciar las violaciones a los derechos sociales, así como a las que firmemente se interesan por apoyar los derechos civiles y políticos.
Al referirse a esa situación, el conocido sociólogo y profesor universitario Nelson Freitez, vocero de la Red Larense de Defensa de los Derechos Humanos, indica que esa política está enmarcada en la tesis de los enemigos internos y en ese sentido, las voces disidentes son consideradas por el oficialismo como enemigos internos.
En el marco de ese planteamiento se han venido tomando severas medidas, como el cierre de medios de comunicación social, en especial diarios y emisoras de radio, así como medios digitales, expuso. Del mismo modo se han venido amedrentando a quienes han levantado su voz, expresado críticas a las políticas públicas, a las actuaciones de funcionarios y a quienes han denunciado los innumerables casos de corrupción en todos los niveles de la administración pública.
Dentro del mismo esquema hay presos políticos en Venezuela y también hay activistas por los Derechos Humanos que han sufrido de fuertes persecuciones y detenciones. Incluso se han practicado en esas detenciones, desapariciones forzadas. Además hay un entramado legal, que aunque no ha sido aprobado como la Ley de Cooperación Internacional y la Ley de Fiscalización, Regularización y Control de las Organizaciones no gubernamentales, se encuentran como una espada de Damocles, ya que tienen una aprobación en primera discusión y son instrumentos legales que afectan severamente a las organizaciones, desde el registro de éstas hasta su funcionamiento, su derecho a recibir recursos mediante la cooperación internacional y tienen un conjunto de condiciones muy lesivas, lo que traerá como consecuencia que muchas organizaciones puedan funcionar.
Esas leyes violentan la Constitución, la cual garantiza el derecho de asociación, indicó el docente universitario. El Estado venezolano, debe recordarse, aprobó el Tratado Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual contempla derechos tan importantes y fundamentales como el de libertad de asociación, de información y de expresión.
La situación que están viviendo las organizaciones no gubernamentales es muy difícil, porque es un cerco que cada vez se cierra más, advirtió el profesor Freitez, quien manifestó que se ha apelado al Sistema Internacional de Derechos Humanos, se han hecho coordinaciones a nivel internacional y, al mismo tiempo, ha podido observar que frente a la mencionada situación se han manifestado gobiernos democráticos e instancias internacionales, así como ong globales.
Ante todo esto, el gobierno replica que son planes internacionales que buscan desestabilizarlo.
En el curso de sus declaraciones, el profesor Freitez se refirió al caso del también educador y abogado Javier Tarazona, quien se encuentra muy enfermo y cuyo deterioro de salud es progresivo, afectando su integridad física y sicológica. Esta semana hubo una audiencia, en la cual el Ministerio Público presentó una supuesta evidencia, pero hasta ahora cuando han transcurrido más de 250 días de detención del mencionado defensor de los Derechos Humanos, no hay pruebas que fundamenten su detención. Se han observado además situaciones anormales en el proceso judicial que demuestran la arbitrariedad como se ha procedido.
Y en el caso de la doctora Rocío San Miguel se le están haciendo imputaciones muy graves, pero las pruebas presentadas por el fiscal designado por la Asamblea Nacional no demuestran que la presidenta de la organización Control Ciudadano haya cometido delito alguno. Los mapas que fueron conseguidos en su resiliencia son parte del material que ha utilizado como profesora de Altos Estudios de la Seguridad y Defensa Nacional. Están demarcados porque efectivamente corresponden a su actividad académica. No indican que ella estuviera involucrada en planificar ataques a instalaciones militares. Se está montando un falso positivo y la víctima de este atropello, después de diez días detenida, no ha podido designar a sus defensores privados. Y sólo la ha visto su hija durante unas tres horas, pero no ha sido presentada ante un tribunal. Pero, ya el fiscal ha hecho un juicio público sobre un supuesto plan conspirativo.
