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En Venezuela, las dificultades para acceder a alimentos de calidad continúan siendo una realidad palpable para muchas familias, lo cual ha sido documentado por diversas organizaciones. Problemas de distribución, pérdida del poder adquisitivo y el impacto de sanciones económicas contribuyen a esta realidad.
Susana Raffalli, nutricionista e investigadora de Cáritas Venezuela, compartió en una entrevista en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias sus perspectivas sobre las declaraciones ofrecidas el pasado 14 de febrero por Michael Fakhri, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación.
Raffalli afirmó que el país cuenta con los recursos y las condiciones necesarias para abordar esta realidad y redirigir sus programas de protección social.
Asimismo, consideró que lo expuesto por Fakhri, tras su visita a la capital y a los estados Anzoátegui, Miranda, Sucre y Zulia le brinda al Gobierno nacional orientaciones claras sobre los puntos que debe atender en materia alimentaria.
El relator especial de la ONU instó a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación, especialmente enfocado en la situación de los niños, quienes están expuestos a mecanismos negativos de supervivencia, tales como: separación familiar, trabajo infantil, explotación sexual, violencia física y abusos.
Desafíos y propuestas para el sector alimentario
Aunque el país cuenta con leyes progresistas sobre el tema alimentario, consagradas en su Constitución, la falta de aplicación es evidente, según Raffalli.
La experta mencionó que la Ley de Semillas, diseñada para fomentar la protección y adaptación al clima de estas, cuyo objetivo era impulsar la producción nacional, no logró contrarrestar el declive en la producción agrícola.
La nutricionista resaltó la necesidad de apoyar a los pequeños productores y campesinos para revitalizar la producción nacional de alimentos.
Recordó que el gobierno tiene la responsabilidad de ser el garante del derecho a la alimentación, por lo que debería abocarse a resolver los problemas económicos para promover medios de vida sostenibles en lugar de que el ciudadano dependa de una bolsa de comida o de los bonos.
“Es lamentable que un país con las capacidades que tenemos, esté en esta situación, comprándole alimentos ultraprocesados y de bajo valor nutricional a otros países y que eso sea con lo que nos alimentemos”, manifestó Raffalli.
Fakhri describió los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como un sistema de clientelismo que no aborda adecuadamente el problema del hambre. Por lo que subrayó la importancia de enfrentar la dolarización de facto, los bajos ingresos y la alta inflación que incide en el poder adquisitivo de la población.
Desnutrición infantil
Raffalli destacó que desde 2016, la desnutrición infantil ha experimentado un aumento significativo, lo que conlleva a que tanto los niños como mujeres afectadas por esta condición, reincidan continuamente, aunque se les presta apoyo.
Igualmente, alertó que la desnutrición tiene consecuencias a largo plazo, ya que provoca un retraso en el crecimiento que afectará su calidad de vida en el futuro.
En el caso del sistema educativo, el aprendizaje no solo se ve perjudicado por el horario mosaico, sino porque además los pequeños llegan con un “mosaico cerebral” producto de la falta de una buena alimentación en sus primeros años.
Fakhri alertó que algunas “mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida”, situación que fue reportada por numerosas organizaciones y que prevé incluir en su informe de conclusiones, que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo.
Para la nutricionista resulta sorprendente que algunos periodistas presentes en la rueda de prensa se asombraran ante las revelaciones sobre este tema, cuando desde el año 2018 se viene denunciando estos hechos.
Aunado a esto, indicó que entre un 60 % y 75 % de las personas que han migrado lo han hecho debido al hambre, mientras que la población activa del país se encuentra sobreexplotada, trabajando en tres o cuatro lugares para poder cubrir sus necesidades alimentarias.
Opacidad de datos oficiales
Fakhri también expresó su preocupación por la falta de transparencia y la escasez de información en materia alimentaria durante su visita a Venezuela.
Subrayó que la falta de estadísticas públicas dificulta la atención de las poblaciones más vulnerables, como niños, mujeres y personas privadas de libertad. Al tiempo que abre la puerta a posibles actos de corrupción.
El relator apuntó además que el Ministerio de Alimentación no publica informes de rendición de cuentas desde 2016, lo que genera incertidumbre sobre el presupuesto asignado y su ejecución, así como sobre los procesos de contratación y la evaluación de programas sociales.
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