Los actos brutales, en contra de mujeres y niñas, cometidos en estos 5 lustros de régimen chavomadurista, confirman que es posible verificar una verdadera masacre, en cámara lenta, tal como lo confirmaron los informes sobre Venezuela, aportados por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (incluyera un enfoque de género). Esos métodos basados en el terror se mantienen e incrementan, como parte de un patrón de conducta que ha sido denunciado y condenado por diferentes entes de rango internacional, como cuando, entre enero y febrero de 2021, se constataron los asesinatos de más de 50 mujeres, mientras que, anteriormente, más de 250 terminaron siendo víctimas de feminicidio en el transcurso de 2020.
Estos capítulos escritos con sangre, dolor y terror, se vienen escribiendo en Venezuela año tras año, tal como lo denuncio la ONG Foro Penal, mediante documentos probatorios de 15.792 casos de personas apresadas por motivaciones de orden político entre los años 2014 y 2023, subrayando en dichos testimonios que, “las mujeres detenidas arbitrariamente son especialmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género en los centros de detención, así como a malas condiciones de reclusión. Estas mujeres también son revictimizadas por un sistema judicial fracturado, en el que los actos de violencia rara vez son investigados y sus autores no suelen comparecer ante la justicia”.
En otras investigaciones, como las adelantadas por El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se estableció entre 2019/2010, gracias a la tarea de una misión de investigación independiente que “las reclusas fueron sometidas a violencia sexual como medio de tortura psicológica en un caso específico en diciembre de 2015, cuando un grupo de reclusas detenidas en El Helicoide, un centro de detención controlado por el SEBIN, fueron obligadas a escuchar la violación de otra reclusa en la oficina situada encima de ellas. Tras oír sus gritos de dolor, la víctima fue llevada a la celda de mujeres, donde confirmó que en efecto había sido violada. Una de las testigos describió que escuchar una violación representaba una tortura para todas las mujeres de la celda”.
Esa misma Comisión de Determinación de los Hechos preciso que “La desnudez forzada también fue documentada como una forma de tortura en el informe de 2023, particularmente para las mujeres detenidas por razones políticas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Según los testimonios recogidos por la Misión, las mujeres de este centro de detención fueron acosadas repetidamente por los guardias mediante la desnudez forzada y la inspección de sus órganos genitales. El 7 de julio de 2023, durante una inspección realizada por el Grupo de Respuesta Inmediata en Seguridad y Custodia (GRIC) en el centro de detención para mujeres INOF, las reclusas fueron obligadas a desnudarse y mostrar su vulva y recto en el auditorio de la prisión mientras los funcionarios las inspeccionaba y las insultaban con nombres despectivos. Según los informes, la inspección duró 12 horas, en las que las detenidas no pudieron acceder a comida ni agua”.
Otros procedimientos, que producen escalofríos, están recogidos en “informes preocupantes sobre la tortura de mujeres embarazadas por parte de funcionarios de la DGCIM. La Misión recibió información fiable de que una mujer había sido severamente golpeada y asfixiada hasta el punto de perder el conocimiento, a pesar de que tanto ella como su pareja (también en detención) informaron a los guardias que se encontraba en el primer trimestre de embarazo”.
En septiembre de 2023, la Misión de Determinación de los Hechos informó que “las estructuras de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el SEBIN se mantenían, y que los patrones de violaciones de derechos humanos dentro de esos organismos que ya habían sido documentados —como la tortura y otros malos tratos— persistían. La Misión también identificó a un grupo de personas de esos organismos de inteligencia que habían llevado a cabo detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos, así como a una cadena de mando que las vinculaba directamente con Nicolás Maduro, y pidió que se las investigara por crímenes de lesa humanidad”.
Con la detención ilegal de la Dra. Rocío San Miguel, destacada personalidad de la sociedad civil que cuenta con doble nacionalidad (Venezolana/Española), son cuatro las mujeres españolas detenidas por razones de orden político, que están reducidas en los calabozos que utiliza Nicolás Maduro para castigar a sus disidentes. Una de ellas es María Auxiliadora Delgado Tabosky, que ya suma cinco años encarcelada y torturada, simplemente por ser hermana de un militar al que le imputan supuestos delitos de conspiración; Ángela Expósito, sobre la que pesa una condena al relacionarla con el atentado de los drones contra Maduro de 2018 y Karen Hernández, a quien señalan de integrar la Operación Gedeón, el frustrado desembarco de militares rebeldes de 2020.
Tarek William Saab, el Fiscal que le sirve al dictador Maduro para acometer todas estas arbitrariedades, dijo, a través de sus redes sociales, que “Rocío San Miguel está presuntamente vinculada a la ‘trama conspirativa e intento de magnicidio denominado Brazalete Blanco’, una de las cinco supuestas conspiraciones contra Maduro denunciadas por la ‘revolución’ como justificación para emprender la última embestida contra opositores, sindicalistas y ONG. De esa brutal cacería no escapo la hija de la defensora de los Derechos Humanos, Rocío San Michel; la joven periodista Miranda Díaz San Miguel, recibió una dosis del método conocido como Sippenhaft, una táctica de castigo colectivo que se basa en la detención de familiares de perseguidos o presos políticos como forma de presión. En su segundo informe de 212 páginas, Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, aporto elementos que permiten comprender “cómo las deficiencias del sistema judicial venezolano han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre los que se incluyen secuestros, torturas y un método nazi para amedrentar a los detenidos”.
El libro negro que recoge todas estas violaciones tiene entre sus páginas centenares de nombres de mujeres asesinadas, apresadas, torturadas y continuamente perseguidas. Queda para la historia de estos sacrificios el caso de la joven deportista Geraldin Moreno Orozco, asesinada el 22 de febrero de 2014 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. El de la joven tachirense Paola Ramírez de 23 años, cuya vida fue cegada en 2017 (19 de abril) en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. O el vil asesinato de la inolvidable Genessis Carmona, que apenas contaba con 22 añitos, asesinada en Valencia en el año 2014 y María Estefanía Rodríguez, de 46 años, asesinada en la población del Cují, estado Lara.
Otra víctima es María Corina Machado, acosada mediante un sinnúmero de agresiones con las que buscan sacarla del camino que persiste en transitar en pos de lograr la libertad de Venezuela. También recientemente se han ensañado contra las periodistas Sebastiana Barraez y Maybort Petit; la abogada Tamara Sujú, acusadora de Maduro y sus cómplices ante la Corte Penal Internacional y contra las diputadas Dinorah Figuera, Marlene Fernández y Auristela Vásquez.
En conclusión, es evidente que esos procedimientos ubican a Maduro como un practicante de la misoginia.
Antonio Ledezma
@AlcaldeLedezma
