El exparlamentario, abogado y defensor de los derechos civiles Rafael Narváez, rechazó el cese de funciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había instalado en el país.
«La orden fue dada por el Estado en la vocería del canciller impregnada de un verbo encendido dando ultimátum de 72 horas de plazo para que el equipo técnico abandone el país. Sin duda alguna que se ha retomado el camino de la persecución contra ciudadanos que en el ejercicio de sus derechos políticos han sido víctimas de las detenciones arbitrarias con encarcelamiento y aún se desconoce el lugar de detención tanto por familiares y sus abogados de confianza», indicó Narváez.
Agrega el abogado que «esta política pública por parte del Estado de violar sistemáticamente las garantías constitucionales, judiciales y derechos humanos no escapan los activistas DDHH, tal es el caso reciente de la directora de la ONG Control ciudadano Rosio San Miguel quien fue detenida, privada de libertad sin permitir ejercer su defensa por sus abogados de confianza fijando el sitio de detención la sede de del SEBIN del Helicoide», agregó.
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Para finalizar, el exparlamentario exigió «el cese de las violaciones graves a los derechos humanos y al sistema de justicia intentar recuperar su autonomía, independencia y atribuciones establecidas en nuestra Constitución».
