La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la reciente suspensión de sus actividades en Caracas, y está evaluando los próximos pasos a seguir.
La administración de Maduro fundamentó la suspensión de la oficina de la ONU en Caracas, alegando que ésta ha «instrumentalizado» su trabajo en contra del régimen.
Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina, lamentó el anuncio y afirmó que están en conversaciones con las autoridades y otros actores, reafirmando su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de los venezolanos.
La decisión de suspensión se produce a pesar del acuerdo firmado en 2019 por la antecesora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, Michelle Bachelet, que permitía la presencia continua de oficiales de derechos humanos de la ONU en el país.
Además de la suspensión, el régimen de Maduro ha ordenado la expulsión de 13 funcionarios de la ONU que ejercen en Caracas y ha anunciado una «revisión integral de los términos de cooperación» acordados en 2019.
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, denunciara que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.
