Con la reciente detención arbitraria de la abogada, defensora de derechos humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se completa una cadena de sucesos que, en menos de un mes, corroboran que la persecución política en Venezuela arrecia y se enfoca contra los defensores de los derechos humanos. Analistas consideran que el gobierno se está volviendo más autoritario y represivo, hasta el punto de superar sus propios límites y actuar ahora más frontalmente contra mujeres y, en específico, contra quienes han analizado y denunciado situaciones irregulares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habrían efectuado el procedimiento. La detención trascendió extraoficialmente en horas de la noche del sábado 10 de febrero, denunció el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela).
Todo esto pese a que desde el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de ella y de su hija, tras alegar que era objeto de «hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio», en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano, desde la que constantemente denuncian las irregularidades del sector castrense en Venezuela.
A casi 60 horas de la detención de San Miguel, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, confirmó las versiones de medios de comunicación de que la vinculaban con con el caso “Brazalete Blanco”, una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del gobierno venezolano, quien asegura que se trataba de una operación que incluía un presunto intento de magnicidio.
«El Ministerio Público informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro y otros altos funcionarios», escribió William Saab en la red social X.
Por el mismo caso y en menos de un mes, el gobierno madurista también emitió órdenes de captura en contra de la periodista Sebastiana Barráez y la abogada defensora de DDHH, Tamara Sujú. A ambas el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, las vinculó también con el caso “Brazalete blanco” y con supuestos delitos de “homicidio intencional calificado en grado de tentativa”, “terrorismo” y “asociación”.
Sujú, asilada desde el año 2014 en la República Checa y quien denuncia constantemente los maltratos y torturas a los que son sometidos los presos políticos venezolanos, increpó al fiscal general tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra y denunció que su función era “defender los crímenes de lesa humanidad que comete la tiranía”.
Este 11 de febrero, al conocer la detención de Rocío San Miguel, opinó que el fiscal general “continúa ejecutando obedientemente el último plan ordenado por su jefe Nicolas Maduro”, de supuestamente “perseguir y reprimir sistemáticamente a la población, violando los DDHH y ejecutando crímenes de lesa humanidad con total impunidad”.
Mientras que la periodista Sebastiana Bárraez, objeto de la persecución judicial del gobierno por publicar durante años información sobre el sector militar que se mantiene bajo total opacidad, también comentó sobre la arbitraria detención de San Miguel: “Ya saldrá algún testigo estrella a presentar testimonios para inculparla de alguna de esas porquerías a las que están acostumbrados a presentar en los tribunales de terrorismo, o algo similar”, escribió en la red social X.
Silenciar a los defensores y la información militar
Varias ONG venezolanas e internacionales, como Provea y Amnistía Internacional, coinciden en que la detención de Rocío San Miguel es otra muestra del progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y del empeño del gobierno por “reprimir a las voces críticas”.
Y las mujeres venezolanas no han sido la excepción a la regla de persecución política en Venezuela que ha imperado en los años de gestión madurista. Cifras de Odevida indican que entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 412 mujeres fueron detenidas por motivos políticos en Venezuela, 33% de las cuales denunciaron haber sido torturadas a manos de agentes de seguridad del Estado.
Para diciembre de 2023, Foro Penal manejaba una lista de 275 presos políticos: 256 son hombres y 19 mujeres. En conversación con Runrun.es Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, precisó que para febrero de 2024, la ONG maneja una cifra de 21 presas políticas en Venezuela que, por su condición de mujeres, ameritan una atención privilegiada.
“Más allá de su condición de mujeres, esto deja en evidencia la existencia de una escalada alarmante en el patrón de persecución por razones políticas en Venezuela que pone en primera línea a los defensores de derechos humanos (…) Hay una política de asfixia contra defensores de derechos humanos que se está aplicando en diferentes niveles, como el legislativo, y a través de acciones de amedrentamiento, hostigamiento, amenazas, persecución y hasta desaparición forzada”, agregó.
Tineo tildó de “gravísimo” el caso de la presidente de Control Ciudadano. Recordó que la abogada ganó un caso al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido despedida como consecuencia de la “Lista Tascón”. Venezuela tenía como plazo hasta mayo de 2024 para acatar la decisión de la CIDH, y recientemente, San Miguel exhortó al gobernante Nicolás Maduro a dar instrucciones por el cumplimiento de la sentencia dictada en 2018 para resarcir daños a los ciudadanos afectados.
“Y aún así, es víctima de desaparición forzada, son más de 48 horas sin saber de su paradero, fue retenida inicialmente por autoridades migratorias en el Aeropuerto de Maiquetía. Estamos en presencia de la consumación de uno de los crímenes más atroces contra los derechos humanos, las desapariciones forzadas, que no solo afectan a la persona arbitrariamente privada de su libertad, sino que además los daños se extienden a su núcleo familiar”, expresó.
Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a La Justicia, destacó que en menos de un mes se ha acentuado la persecución política en el país y las mujeres no han quedado exentas de estas acciones arbitrarias. Aunque no se atreve a asegurar que haya un patrón persecutorio específico contra ellas, sí llamó la atención sobre el hecho de que, en el pasado, el gobierno había sido “más prudente y menos represivo” cuando se trataba de mujeres. Pero en esta nueva escalada, cuando la administración de Nicolás Maduro se encamina a “a un nivel más autoritario”, entonces “pareciera que ya no le importa tanto ir más contra ellas”.
“Y eso es ‘normal’ en un contexto de arbitrariedades, cuando cometes una o dos, vas perdiendo los límites y eso es lo que está pasando”, sumó Louza. “No es un ataque particular contra las mujeres, lo que ocurre es que que las afectadas, como Rocío San Miguel, se ocupan de un tema delicado, como lo es el militar. Tamara Sujú también denuncia sobre un tema muy complejo, que es el de los presos políticos y por la misma razón vive afuera; y Sebastiana Barráez ha informado sobre cuestiones muy delicadas del ámbito militar. Diría que más bien por ahí va el patrón”, opinó.
Ricardo Ríos, analista de entornos, presidente de Poder & Estrategia y miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana coincide con esta apreciación de Louza.
“Es muy llamativo que en menos de un mes, detengan y/o imputen a las dos fuentes más reconocidas del tema militar en Venezuela. Primero Sebastiana Barráez y ahora Rocío San Miguel. Voces que tienen añales analizando/denunciando sobre el tema militar ¿Por qué ahora?”, preguntó en un mensaje en la red social X.
Además de ser una muestra de la persecución política en Venezuela, la detención de Rocío San Miguel viola la Convención del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Así lo denunció Natalia Brandler, presidente de la Asociación Cauce, enfocada en el empoderamiento político de las mujeres. La Cedaw establece que los Estados deben garantizar a las mujeres el derecho a participar en la vida pública y política, y a defender los derechos humanos sin discriminación.
Espacio cívico bajo acecho
Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, destacó el hecho de que, en el pasado, el patrón persecutorio del gobierno siguió una ruta, según la premisa del “enemigo interno”, que apuntó a dirigentes políticos, miembros del movimiento estudiantil, periodistas y trabajadores de medios. Pero, de un tiempo para acá, se ha ido focalizando contra los defensores de derechos humanos.
“Y ocurre porque son ellos quienes se han encargado -en esta crisis de derechos humanos sostenida desde hace más de una década- de documentar estos casos, visibilizarlos ante la comunidad nacional e internacional y avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas”, abundó.
Tineo insistió en que la defensa de los derechos humanos es también un derecho humano reconocido por los tratados y convenios internacionales y, por tanto, de aplicación directa en Venezuela a tenor de lo que establece la Constitución de la República.
