Más de 550 personas, así como más de 250 asociaciones civiles, instituciones públicas y privadas, organizaciones políticas y sin fines de lucro de todo el país, además de sus distintas instancias y/o seccionales emitieron un documento con fecha de 12 de febrero en el que rechazan la “detención arbitraria y la desaparición forzada por más de 60 horas de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN)”.
En el documento reseñan que “la detención de la que es víctima Rocío San Miguel se enmarca en las políticas del gobierno venezolano de criminalización y persecución de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos y de cierre del espacio cívico en Venezuela, ambas políticas basadas en la consideración del rol de activistas sociales y defensores de derechos humanos como «enemigos internos» y de participar en supuestas conspiraciones e intentos de «magnicidios»”.
En la misiva detallan todo el proceso de detención, además destacan la labor que durante más de una década ha desarrollado desde la ONG Control Ciudadano en la investigación, monitoreo y evaluación de temas de seguridad y defensa nacional y sobre las fuerzas armadas. A su vez, reflejan que, “por más de una década la defensora ha sido difamada y criminalizada por supuestas conspiraciones de las que nunca ha sido parte”. “El propio Nicolás Maduro la acusó de estar involucrada en un intento de golpe de Estado en el año 2014, y casi semanalmente ha sido difamada, sumando decenas
de acusaciones en el programa con el mazo dando, del diputado Diosdado Cabello en televisión nacional”.
Cierran el documento exhortando que en virtud de tales consideraciones: (íntegras a continuación)
Exigimos el respeto a la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel y la de toda su familia, y su inmediata liberación.
Exigimos a las distintas instancias de las Naciones Unidas y de todo el Sistema Internacional de Derechos Humanos, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pronunciarse firmemente por la liberación inmediata de Rocío San Miguel.
Exhortamos a los gobiernos democráticos y organizaciones cívicas del mundo, a denunciar esta inaceptable y grave conducta y a solidarizarse con la liberación inmediata de Rocío San Miguel.
