En horas de la madrugada de este martes 13 de febrero, a través de la cuenta @UNHumanRights en la redo social X, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU @volker_turk rechaza la “desaparición forzada” de la abogado y activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel.
“Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, reseña el mensaje.
Por otra parte, en la misma red social, en la cuenta @CIDH la Comisión Interamericana de DDHH en horas de la tarde del lunes 12 de febrero, se pronunció también al respecto.
“Venezuela: CIDH condena la desaparición forzada de la defensora, beneficiaria de Medidas Cautelares, Rocío San Miguel e insta al Estado a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia”, se lee en la red social.
Recordemos que, el Fiscal General de la República Tarek William Saab, a través de su cuenta en la red social X @TarekWiliamSaab, la noche del lunes, informó sobre la audiencia de presentación de 6 familiares de la activista.
“En desarrollo audiencia de presentación de 6 ciudadanos: quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la Trama Conspirativa denominada Brazalete Blanco”, destacó.
El fiscal destacó además que; se “solicitará ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por: la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación entre otros”.
Mientras que al ciudadano Alejandro José Gonzáles De Canales Plaza, “se solicitará medida de privación judicial preventiva de libertad por: la presunta comisión de los delitos de: Revelación de Secretos Políticos y Militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”.
Saab culminó diciendo que el Ministerio Público en estricto apego a la normativa nacional e internacional “garantiza el respeto a los derechos humanos y asegura el mantenimiento de la paz y la convivencia ciudadana”.
