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Este 12 de febrero se cumplen 10 años del inicio de la jornada de protestas que marcaron el año 2014. Para el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) se trata del cumplimiento de la primera década desde que el gobierno de Nicolás Maduro «aceleró la construcción de andamiaje» para callar las manifestaciones en el país.
De acuerdo con la organización no gubernamental (ONG), entre febrero y mayo de 2014, 43 personas murieron en distintos sucesos ocurridos en el contexto de las manifestaciones. La cifra, agregó, representó un aumento de 323% en comparación con la registrada durante los 12 meses del año 2013, cuando fallecieron 13 personas en manifestaciones a consecuencia de la actuación de los cuerpos de seguridad y de agentes no estatales.
28 personas fueron asesinadas con disparos efectuados con armas de fuego, un ciudadano fue asesinado a golpes, seis personas murieron al colisionar con barricadas y/o guayas colocadas en vías públicas, tres por hechos señalados como accidentes, dos luego de ser arrolladas por vehículos y otras dos en circunstancias aún no aclaradas.
«La respuesta que las instituciones del Estado venezolano dieron a las protestas realizadas entre febrero y mayo de 2014, reflejaron la ausencia de una cultura democrática que permitieran generar condiciones para el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica, y garantizar al mismo tiempo el mantenimiento del orden público con apego a la Constitución Nacional, a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos», agregó Provea.
Las altas cifras de violaciones a la integridad de manifestantes y el reiterado empleo excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos armados del Estado, dieron cuenta de la magnitud de la represión ejercida en 4 meses de manifestaciones. Desde el Ejecutivo se alentó la represión ejercida al felicitar públicamente a los componentes que participaron en acciones de dispersión a manifestantes pacíficos.
Desde ese día
El 12 de febrero del 2014 Provea registró movilizaciones masivas en 16 estados del país solicitando la libertad de los detenidos, mientras que el llamado del Ejecutivo Nacional movilizó a personas en cuatro estados de Venezuela. En dicha fecha se registraron las primeras personas asesinadas por la actuación de presuntos funcionarios policiales y paramilitares. Estos crímenes y la propia respuesta del Ejecutivo, acusando de manera irresponsable de las muertes a los propios manifestantes, escalaron peligrosamente el conflicto a una situación de violencia y violación generalizada a los derechos humanos.
A las acciones represivas de los cuerpos de seguridad se sumó la actuación de grupos paramilitares y de civiles armados, que agredieron a manifestantes en todo el país.
La ONG dijo que en ese momento se experimentó un peligroso incremento en la actuación de estos actores en labores de contención y represión de manifestaciones. «Si bien, en años anteriores las organizaciones de derechos humanos del país habían registrado la participación de estos grupos en la dispersión de protestas, en 2014 su capacidad de despliegue en varias ciudades del país en diferentes momentos y su actuación en coordinación con organismos policiales y militares, constituyeron un punto de inflexión y un indicador importante del crecimiento de estos grupos».
Entre los meses de febrero y abril de 2014, Provea registró e individualizó un total de 854 heridos y lesionados en el contexto de las protestas. Del total, 138 fueron heridos de bala, 330 fueron heridas causadas por perdigones, 72 personas resultaron lesionadas debido a golpes, 34 personas fueron heridas por objetos contundentes y 280 heridos y lesionados fueron electrocutados, apuñalados, arrollados y sufrieron lesiones de diversa índole.
En el ciclo de protestas de 2014 se contabilizaron 3.127 detenciones arbitrarias a ciudadanos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el país.
«Adicionalmente, las conductas de criminalización, represión y violación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y mayo de 2014, tomaron una nueva dimensión y se amplificaron con la ejecución de ataques generalizados y sistemáticos a población civil dentro de zonas residenciales por ejercer el derecho a manifestar. Esto fue reportado en al menos 14 estados del país donde se realizaron protestas en rechazo a las políticas de gobierno», agregó.
Provea señaló que los ataques de ese año inicialmente se desarrollaron como una extensión de los actos de represión y detención de manifestantes que llevaron a cabo de forma sistemática los cuerpos de seguridad del Estado, desde que se iniciaron las protestas anti-gubernamentales en avenidas y calles públicas. Apuntó que poco después, «pasaron a configurarse en un patrón de acciones de intimidación, acoso y agresión igualmente sistemáticas contra los habitantes y residentes de barrios y urbanizaciones, casas y edificios, hacia cuyas adyacencias se confinaron las manifestaciones y se cerraron vías de acceso, como consecuencia del riesgo de ser atacados o detenidos por salir a manifestar».
Precisó que en los cuatros estados donde se enfocó su documentación se contabilizaron 204 ataques a zonas residenciales, entre los meses de febrero y mayo del año 2014. El estado Táchira ocupó el primer lugar con 73 ataques registrados en 38 residencias, urbanizaciones y pueblos; Lara fue el segundo con 59 ataques a 33 residencias y urbanizaciones; Zulia estuvo en el tercer lugar con 49 ataques a 22 residencias, barrios y urbanizaciones; y le siguió Bolívar con 23 ataques en 12 residencias y urbanizaciones. En promedio cada una de estas zonas fue objeto de al menos 2 ataques.
La escalada de la represión tras protestas
La conflictividad en 2014 tuvo como respuesta estatal una profundización de la lógica represiva sobre el control territorial y las zonas de exclusión.
El exalcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, emitió un decreto que declaró a Caracas “zona libre de fascismo”, y desde entonces ninguna manifestación opositora pudo transitar libremente por el municipio y, menos aún, acercarse a las sedes de las instituciones del Estado. El TSJ reforzó esta exclusión al decidir que estaba prohibido manifestar ante el CNE, alegando “razones de seguridad”.
Desde 2014 la gestión de Maduro aceleró la construcción del andamiaje anti-protestas.
En medio del conflicto que se desarrollaba en las calles para exigir su salida del poder, lanzó el “Comando Popular Antigolpe” con el que abrió la puerta a la participación “institucionalizada” de civiles en labores de contención de manifestaciones; inteligencia para-policial y seguridad ciudadana.
Finalizada la ola de protestas conocida como la “Salida”, inmediatamente se crearon nuevas figuras represivas que se sumarían a las Milicias obreras; campesinas; estudiantiles y vecinales. Las “Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia” (BEGV) ahora GOES; la Fuerza Choque, adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofan), y el “Sistema Popular de Protección para la Paz” (SP3) fueron algunas de las instancias creadas entre 2014 y 2015 para hacer frente al descontento social y afianzar los mecanismos de control.
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