Rocío San Miguel, una reconocida defensora de derechos humanos y experta en seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional, fue detenida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, según informó la ONG Provea.
San Miguel, de 57 años, es la fundadora y presidenta de la ONG Control Ciudadano, una organización que se enfoca en el “derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional”. Además, ha supervisado los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
La detención de San Miguel “constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”, denunció Provea en su cuenta en la red social X. La ONG exige la inmediata liberación de San Miguel y denuncia que “este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos” en Venezuela.
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni funcionarios del régimen de Nicolás Maduro se han pronunciado sobre esta detención. Se desconocen las razones de esta detención, que se da en el contexto de investigaciones que adelantan autoridades nacionales sobre cinco presuntas conspiraciones contra el gobierno de régimen.
El trabajo de San Miguel ha sido objeto de ataques durante más de una década. En 2010, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos manifestó “su seria preocupación por la seguridad y por la integridad de la Sra. Rocío San Miguel así como de sus familiares y en general”, debido a las amenazas que recibió por su labor.
En 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de Rocío y su hija. En 2014, la organización Front Line Defenders denunció que el gobierno chavista hizo declaraciones difamatorias sobre la activista y que esta fue víctima de hostigamiento.
Organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, han advertido que en Venezuela los defensores de derechos ven cada vez más obstaculizado su trabajo, debido a las políticas de represión estatal del régimen de Maduro.
