La organización Una Ventana a la Libertad denunció que durante el año 2023, al menos 17 detenidos en calabozos policiales murieron por causas relacionadas a la salud, como complicaciones respiratorias, tuberculosis, desnutrición y cáncer, al mismo tiempo que alertó sobre el hacinamiento supera el 189%.
Según el Informe Anual de la ONG, los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad, bajo custodia del Estado venezolano, siguen padeciendo condiciones infrahumanas que ponen en riesgo su vida y su integridad física y mental.
La organización indicó que durante el año 2023, logró monitorear la situación de 282 calabozos policiales en el primer semestre y 293 en el segundo semestre, a nivel nacional.
Al evaluar detenidamente la situación en estos lugares, determinó que al cierre del año 2023 el hacinamiento en los centros de detención preventiva alcanzó la cifra de 189,31%. Agregó que la población penal en estos lugares, convertidos en las nuevas cárceles del siglo XXI, es la siguiente: Primer semestre 2023. Población masculina: 20.886 detenidos para una capacidad instalada de 10.842 cupos. Hacinamiento de 192,64%. Segundo semestre 2023. Población masculina: 17.481 detenidos para una capacidad instalada de 9.234 cupos. Hacinamiento de 189,31%. Año 2023. Población femenina, Primer semestre: 1.773 detenidas, Segundo semestre: 2.028, para una capacidad instalada de 213 cupos. Hacinamiento de 832,39%.
A manera de ejemplo, la organización señaló que en el Distrito Capital (Caracas) la capacidad instalada es de 1.053 cupos y el 2023 cerró con 3.036 detenidos (a), lo que se traduce en un hacinamiento del 288,59% y en el estado Zulia la capacidad instalada es de 930 cupos y el año 2023 cerró con 2.473 detenidos (as) alcanzando un hacinamiento de 265,91%.
Una Ventana a la Libertad exigió al Estado venezolano que garantice el derecho a la salud y a la vida de los presos en calabozos policiales, así como que agilice los procesos judiciales para evitar que permanezcan más tiempo del debido en estos lugares. Asimismo, pidió que se implementen medidas alternativas a la privación de libertad, como el arresto domiciliario, la libertad condicional o la suspensión condicional del proceso, para aliviar el hacinamiento y evitar más muertes.
