La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) publicó este jueves un informe que revela que España recibió 163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, un 37% más que el año anterior y la mayor cifra desde que se creó la Oficina de Asilo y Refugio en 1992.
Según el informe ‘Más que cifras’, el 79% de las solicitudes correspondieron a personas procedentes de Venezuela, Colombia y Perú, países que atraviesan graves crisis políticas, económicas y sociales. Sin embargo, solo el 12% de las resoluciones emitidas por el Ministerio del Interior otorgaron el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria, mientras que el 47% se resolvieron por razones humanitarias, una figura menos garantista que se aplica principalmente a los venezolanos.
CEAR denuncia que el sistema de asilo español sigue siendo «lento e injusto», y que deja en situación de «vulnerabilidad e incertidumbre» a miles de personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen. El informe alerta de que hay 191.095 solicitudes pendientes de resolución, lo que supone un aumento del 56% respecto a 2022, y que muchas personas esperan más de un año para obtener una respuesta.
El informe también destaca algunos avances en el reconocimiento de la protección a personas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que sufren las amenazas de las organizaciones criminales y la represión política. Sin embargo, lamenta el alto porcentaje de denegaciones a los solicitantes de Colombia, que siguen enfrentando graves riesgos por su actividad social y comunitaria.
CEAR reclama al Gobierno español que mejore el funcionamiento del sistema de asilo, que garantice una acogida digna y efectiva a las personas solicitantes, y que impulse una política de cooperación y solidaridad con los países de origen y tránsito de los refugiados.
