El Estado de Derecho no es una entelequia abstracta propia de conceptos etéreos que sólo lo entiende y le sirve a los juristas o personas dedicadas al estudio o a la práctica de las leyes. El Estado de Derecho es algo fundamental para que una nación funcione correctamente y sus ciudadanos se vean protegidos en sus pretensiones y demandas legítimas ante los órganos públicos. Es primordial para que la vida cotidiana de la gente transcurra con la tranquilidad propia de saberse protegida.
Por otra parte, un país consolidado sobre un vigoroso Estado de Derecho es objeto de inversiones extranjeras al saber que se resguardará con diligencia su capital dentro del marco legal, creando riqueza y bienestar para sus ciudadanos. También sucederá que los funcionarios estatales que delinquen serán llevados ante la justicia penal para ser sancionados dentro de lo que determine la ley. Pero lo más importante, es que el comùn tendrá instancias ante la cual recurrir para denunciar abusos o revocar órdenes inicuas de parte de los Poderes del Estado.
Para que todo ello funcione es fundamental uno de los órganos del Estado, el Poder Judicial. Parece el más débil de esos poderes si se compara con el Poder Legislativo representado por la influyente Asamblea Nacional o con el Poder Ejecutivo y su poderoso tren de ministerios encabezados por el presidente de la República. Sin embargo, ese órgano que se percibe disminuido, con sus jueces, será el que cobijará las peticiones que legalmente formulen la ciudadanía o será también su refugio para oír las apelaciones o recursos contra decisiones injustas. Además, con su formidable poder legal los jueces podrán inclusive derogar una ley del Legislativo o abolir cualquier decreto u orden del Ejecutivo. Esa es la potestad inmensa que el Estado de Derecho hace descansar en el Poder Judicial.
Vamos a mirar un poco la realidad de nuestro país en relación con lo que hasta aquí hemos descrito.
Destaca un titular de los medios aparecido hace poco que nos echa en cara algo que sabemos y nos pone en la picota de la opinión internacional: “Venezuela sigue siendo el país con el peor índice de Estado de Derecho”. La prestigiosa organización World Justice Project, luego de una minuciosa y masiva encuesta y la investigación consiguiente, encontró que nuestro sufrido país “ocupa el último lugar de la lista de 142 países considerados en la evaluación”. Estamos en la cola detrás de Camboya, Afganistán o Haití ¡¡¡De último!!!
¿Qué consecuencia trae este vulnerado o casi inexistente Estado de Derecho en nuestro país? Como lógicamente estará pensando el lector: todos aquellos valores que describimos al comienzo de este espacio, desaparecen.
El derecho a la vida es violado cotidiana e impunemente por policías y militares. Es tal el descaro en este sentido, que luego de ocho años sigue vigente la Resolución 8610 que autoriza el uso de la fuerza mortal en el control de manifestaciones públicas, lo cual transgrede el mandato expreso de la Constitución en su artículo 68. En la vigencia de tal Resolución es cómplice el Tribunal Supremo de Justicia que desechó la solicitud de su derogación. La magnitud de tal atentado contra la vida del ciudadano se ve reflejado en la cifra que aporta el criminólogo Keymer Ávila, con base en una seria y exhaustiva investigación: desde 2016 hasta enero de este año, en los ocho años de vigencia de la nombrada Resolución 8610, se han producido 14.656 muertes a manos de policías o militares. Ávila afirma que la tercera parte de los homicidios en Venezuela son perpetrados por el Estado, cifra escandalosa en el índice mundial: “masacre por goteo”.
El derecho a la libertad es objeto de transgresiones sin respetarse el debido proceso por parte del Ministerio Público comandado según órdenes del oficialismo por el Fiscal General, y por el Poder Judicial dirigido despóticamente por el Tribunal Supremo de Justicia. Sòlo un dato que todo venezolano conoce a través de las noticias diarias difundidas por los medios: es constante que luego de detener a alguna persona se mantenga oculto el lugar en el cual se encuentra por parte de la autoridad que la detuvo. Eso constituye el delito de desaparición forzosa, previsto en el artículo 180-A del Código Penal con una pena hasta de 25 años de presidio. No importa si luego aparece la persona (no es extraño que nunca aparezca) pues ya el grave delito está cometido al ocultarse en principio su paradero.
Las ejecuciones policiales y militares, junto a las detenciones ilegales conjuntamente con crueles procesos de tortura acreditados legalmente, es lo que tiene a los jerarcas de este oprobioso régimen en el ojo de la justicia internacional, a través de procesos que se siguen en la Corte Penal Internacional.
La inseguridad reina en los predios de la economía a través de acciones que se destacaron por la expresión “EXPRÓPIESE”, desaforadamente pronunciada por el “Comandante Eterno”. Esto trajo como consecuencia ahora, que estemos a punto de perder a la exitosa empresa CITGO en el exterior, debido a las demandas ganadas judicialmente por esas empresas ilegalmente expropiadas por Chávez. Por esta razón, por la ausencia de un Estado de Derecho, la inversión extranjera huye del país, desaprovechándose la explotación de nuestros riquísimos recursos naturales.
Y qué decir de la corrupción. El prestigioso diario ABC de Madrid, luego de una rigurosa investigación, realizada por la acreditada periodista Ludmila Vinogradoff, con base en documentos que pudo obtener mediante filtración desde el mismo Miraflores, concluyó que Chávez amasó una fortuna cercana a los ¡¡¡56 mil millones de dólares!!! Eso sin contar los ¡¡¡23 mil millones de dólares!!! que no aparecen junto a quien cometió hace poco ese enorme acto de corrupción: Tarek El Aissami. Según la investigación antes referida de World Justice Project, se considera a Venezuela como la cuarta nación más corrupta entre las 180 que fueron evaluadas. La impunidad es lo que arropa estos actos criminales.
Colocados en estos escenarios extremos donde la reflexión obliga a empinarse sobre las circunstancias para vernos como país en un foso histórico, estamos obligados a sacar recursos espirituales y morales que hagan frente al infierno circular que nos contiene y somete. No se trata de dar una pelea política, que la hemos dado con hidalguía y nobleza como pueblo que ha ofrecido su sangre al asfalto, se trata de librar una cruzada civilizatoria para rescatar la modernidad y la decencia institucional contenidas en la Constitución.
Aquí no se trata simplemente de cambiar un gobierno malo por otro, como vocean algunos partidos y grupos de la sociedad civil que juegan a mantener una relación de convivencia artificial con el régimen. Se trata de superar un modelo político que hundió al país en el atraso infame de la pobreza atroz, enfermedades que ya no existen en el mundo occidental, en la esclavitud alimentaria generada por el sistema CLAP, por el déficit estructural de servicios públicos y lo que cubre todas estas carencias, el gigantesco déficit de Democracia al no funcionar el Estado de Derecho.
Por ello, nuestra lucha debe ser guiada por los valores fundamentales de la justicia, la paz, el trabajo, el esfuerzo, la solidaridad y el compromiso consensual de vivir según las leyes, bajo un Estado de Derecho y no sometidos por los caprichos y veleidades de aventureros decantados en una oclocracia, cuya única finalidad es mantenerse en el poder para disfrutar de una vida de lujos a costa de un pueblo ahogado en la indigencia.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
