Desde el principio que asumió sus funciones este gobierno, se trazó como objetivo tener el control del Poder Judicial y lo ha logrado para controlar el país, declaró la doctora Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, docente universitaria, escritora y analista políitica.
Al ser entrevistada por El Impulso, la respetada profesional del Derecho fue enfática al afirmar que el Poder Judicial está hoy día conformado por jueces agradecidos y jueces amedrentados por el régimen.
Arbitrariedad desde el comienzo
Doctora, como usted conoce muy bien el Poder Judicial, ¿éste se politizó totalmente en el 2006 cuando al inicio del año judicial los magistrados se levantaron de sus asientos para repetir en coro la frase “uh ah, Chávez no se va?
Lo que dijeron fue: Mora no se va. Hacían referencia al presidente del TSJ, Iván Mora, cuyas actuaciones eran completamente arbitrarias en la Sala Social Designaba a los jueces a su antojo por tres meses. Pero, claro, de todas maneras era llo mismo: Mora o Chávez era lo mismo en actuar arbitrariamente.
Chávez llegó a decir que los delincuentes no eran malandros sino buenladros, debilitando la justicia porque antes que pagar condena les ofreció un trueque increíble, cómo era que los antisociales cambiaran sus pistolas y ametralladoras por computadoras, cuando en la realidad con la amenaza de cualquiera de esas armas ellos podrían no sólo conseguir cien o más computadoras y el dinero que quisieran. ¿Cómo cayó ese ofrecimiento entre los administradores de justicia?
¡Qué cosa más espantosa! Es de recordar a Manuel Quijada con una lista en la mano, suspendiendo y destituyendo jueces. Era como una lista de Tascón. Este gobierno tuvo, desde el principio de su mandato, como objetivo tener el control absoluto del Poder Judicial. Porque si lo obtenían podían hacer lo que están haciendo ahora. Si ellos decían que esto era una revolución tenían que hacer lo que a su modo de ver era una revolución judicial. Nosotros, jueces de la carrera judicial, que estábamos ahí, veíamos con horror todas las tardes, cómo eran suspendidos y destituidos injustamente los compañeros de trabajo. Se hacían esos procedimientos arbitrarios para tener jueces a la medida y, en fin, para tener jueces agradecidos y jueces amedrentados, Eso es lo que tenemos ahora. Los que se sienten agradecidos es porque los pusieron en cargos para los cuales no reúnen los méritos y los jueces amedrentados son los que saben que si toman una decisión que al régimen no les guste serán destituidos de un plumazo.
Designaciones oficialistas
Recuerda la doctora Blanca Rosa Mármol que en el 2.015 tras la oposición ganar la Asamblea Nacional, en pleno período vacacional de los tribunales, el Poder Legislativo encabezado por Diosdado Cabello, durante sesiones extraordinarias, designó a trece magistrados en el TSJ.
Ese fue el colmo de la arbitrariedad y de la inconstitucionalidad, subraya la ex magistrada, quien además considera una actuación sin precedentes.
Falta de independencia
Otro hecho que aún se mantiene latente como grave es la actuación del máximo tribunal del paìs al conocerse el inicio de la investigación de la Asamblea Nacional, de oposición mayoritaria en el 2016, acerca de las irregularidades denunciadas entre el 2004 y el 2014 durante la gestión de Rafael Ramírez en PDVSA y la suspensión de ese proceso por parte del TSJ por considerarlo inconstitucional e inconveniente para la República. En ese entonces el gobierno protegía al funcionario, al cual después se le ha venido acusando de destruir a la empresa, de cometer hechos de corrupción y anunciar que será extraditado. Esa ha sido una de las intervenciones clarísimas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial´El gran problema de Venezuela es que no hay división de poderes. No hay independencia de poderes. Lo primero que hay que enfrentar cuando se restablezca la democracia es la independencia del Poder Judicial, que considero es de principal necesidad, y desde luego, los demás poderes. Y lo digo porque el Poder Judicial está siendo utilizado por el régimen como herramienta contra los ciudadanos.
Fin a división de poderes
Ahora que usted dice que el problema más grave de Venezuela es que no hay división de poderes, ¿recuerda usted que a fines de diciembre de 2009, la entonces presidenta del TSJ, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, dijo tajantemente, en declaraciones que dieron la vuelta por todas partes, que no se podía seguir pensando en una división de poderes porque eso debilita al Estado? Lo recuerdo clarito. Y esa magistrada, entre comillas, la pusieron en la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia después de haber sido excluida, porque a ella la destituyeron dos veces del Poder Judicial. Ella estaba en Yaracuy. Y a pesar de eso se atrevieron a darle categoría de magistrada y además ponerla en la presidencia del TSJ en una ejecutoria, que resultó vergonzosa.
Doctora, una declaratoria de esa naturaleza, ¿no es negar la democracia?
Claramente, pero lo más lamentable es que haya nada menos que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.
El tema electoral
Otro hecho importante se produjo cuando el director ejecutivo de Smartmatic, en ruedas de prensa. denunció que en las elecciones para la Constituyente del 2.017 había una diferencia de un millón de electores anunciada por el Consejo Nacional Electoral y el sistema de la empresa; pero, ninguna investigación fue hecha por tribunal alguno, como ha debido ocurrir
La doctora Blanca Rosa Mármol indica que esa denuncia fue espantosa porque evidentemente establecida la intervención de la voluntad popular y la inexistencia de un procedimiento electoral transparente y confiable, lo que violenta un principio constitucionalmente establecido.
También dejó dudas el caso del incendio de los galpones del CNE en Filas de Mariches, en marzo del 2.020, en el cual resultaron destruidos equipos utilizados en los procesos de votación.
Se presume que ese fue un hecho ocurrido para ocultar resultados que no se ajustaban a la realidad.
Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral está controlado por el régimen y ha dejado de cumplir sus funciones desde hace mucho tiempo, razón por la cual los venezolanos no podemos confiar en ese organismo tal y como está.
Dentro de ese estado de cosas que afectan la posibilidad de que haya democracia se encuentran las amenazas proferidas por el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, cuando tras de descalificar a la dirigencia opositora, dijo que jamás la oposición llegaría al poder en Venezuela mientras exista la fuerza armada revolucionaria, antiimperialista y bolivariana.
Esa declaración es gravísima porque es contraria a la Constitución y está demostrando quien manda aquí. Entonces, los ciudadanos que creemos en la democracia nos preguntamos: ¿Son la fuerza armada, es decir los militares, quienes son los que detentan el poder? ¿Son ellos los que ejercen la tiranía? No podemos admitir que cuando constitucionalmente este debe ser un país democrático haya funcionarios que hablen de ese modo.
Actuación judicial contra la oposición
Por último, la doctora Blanca Rosa Mármol manifestó su preocupación por la forma como se han venido desenvolviendo los hechos relacionados con la actuación del régimen contra la oposición por situaciones muy controvertidas como el de que el diputado José Brito haya sido el vocero de la Contraloría General de la República, para dar a conocer que existía la inhabilitación de María Corina Machado para ser candidata presidencial cuando no existe contra ella acusación, juicio y sentencia en su contra; que el contralor Elvis Amoroso sea designado rector del CNE y automáticamente su presidente; y que la magistrada , quien presidía la Sala Electoral del TSJ que sentenció la nulidad de los efectos de la Primaria, fuese escogida como presidenta del Poder Judicial y, luego, se anuncie una furia bolivariana contra los opositores.
La Sala Plena del TSJ es la que elige a la presidenta de ese organismo y lo que ha tomado en cuenta es la actuación política de ella, no méritos académicos ni los que eran tomados en la carrera judicial de quienes tenían que ser magistrados del máximo tribunal de la República. Se cumple lo que dije al principio de mis declaraciones: el gobierno tuvo como objetivo hacer del TSJ su instrumento principal para controlar el país, como en efecto lo ha hecho. Aquí las actuaciones son a través de juicios, asentó. A quienes disienten les endilgan delitos que no han cometido y de los cuales no hay pruebas. Y eso lo estamos viviendo desde el principio, no de ahora. Se ha agravado. Y fue desde el principio porque el régimen acabó con la carrera judicial. Lo que se toma en cuenta son las condiciones políticas y fidelidad al régimen.
