La reacción que produjo la comentada información, que no sentencia, acerca de una supuesta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue totalmente opuesta a aquella que procuró el oficialismo. Originó una respuesta generalizada y contundente de la población, como también de todos, absolutamente todos los partidos políticos, a excepción del ahora escuálido partido del gobierno y por otra parte, de la comunidad internacional, entre ellas, la opinión del Grupo Idea que reúne alrededor de una treintena de expresidentes y ex primeros ministros de países de regímenes democráticos.
El rechazo fue rotundo, terminante, por lo que pareciera que este es el tercer tiro que “le sale por la culata” en tres meses, a la administración arbitraria que devasta a la nación. Antes, el despreciar y no darle importancia a la elección primaria de la oposición que fue un solemne revolcón para el oficialismo y luego al llevarse el chasco del siglo cuando convocó a un referendo consultivo sobre la situación de Guyana.
Lo del TSJ ha sido un atentado evidente en contra del Estado de Derecho y por ende en contra de la democracia, que al contrario de lo querido por el gobierno, ha encaminado al país hacia la férrea unidad que rechaza el continuismo del actual régimen.
Creemos como la inmensa mayoría de Venezuela en lo afirmado arriba pues la información, repetimos, que no sentencia emanada del TSJ, reúne una serie de afirmaciones erróneas sobre las cuales nos hemos pronunciado en este espacio y lo que haremos en esta oportunidad es repetirlas en breves síntesis, que es lo que nos permite este espacio y es lo conveniente para no aburrir al lector con reiteraciones inútiles.
1) La candidata Machado NO está inhabilitada, por lo que los perpetradores de lo que parece ser una decisión, partieron de un supuesto falso. Y NO està inhabilitada pues la afirmación errónea de su inhabilitación se basa en el contenido de una comunicación firmada por un funcionario de la Contraloría General que suplantó a quien debía emitirla y en donde lo que comunica es acerca de un procedimiento realizado en el año 2015 que finalizó en una sanción que ya està prescrita. Como por arte de magia (negra) el TSJ y la Contraloría General hacen revivir ese procedimiento y sin abrir una nueva causa, sin notificar a la interesada y, por supuesto, sin ningún tipo de procedimiento impone una inhabilitación por 15 años.
2) La Contraloría solo puede imponer inhabilitaciones administrativas, mas no, inhabilitaciones políticas, pues esto es competencia de los tribunales penales, al imponer como pena accesoria en caso de que una persona sea condenada por la comisión de algún delito, conforme a los artículos 65 de la Constitución y 13 del Código Penal. Tal como lo expresamos en uno de estos espacios, ¿Quién ha visto a la señora María Corina Machado lucir un mono anaranjado de presidiaria, que seguramente llevaría con elegancia y distinción?
3) Sin proceso alguno y sin precisar pruebas, trajeron a la causa de manera improcedente, un hecho relacionado con el apoyo que la señora Machado le dio a la presidencia interina de Juan Guaidó, producto de la falta de presidente legalmente electo, pues el fraude en el proceso que llevó a Maduro a la presidencia quedó evidenciado, gobierno interino que fue respaldado por la mayoría de los venezolanos y por la totalidad de los países democráticos de América y Europa. Tal apoyo entonces, no podría ser causa de alguna decisión adversa en contra de la ciudadanía.
4) En la información, que no sentencia, se involucra a la ingeniero Machado en una supuesta trama de corrupción que, según el TSJ, concluyó “en la entrega de la empresa CITGO” a empresas extranjeras, sin que se basamenta tal conclusión en alguna prueba. La falsedad es evidente, pues tal “entrega” no ha sucedido y por otra parte, la razón por la cual dicha empresa venezolana està en crisis, no es por su actual administración, sino por manejos desastrosos que realizaron Chávez y Maduro, al expropiar injustificadamente las empresas que hoy reclaman la indemnización correspondiente, tratando de cobrar sus deudas del activo de CITGO. Si hay algún culpable del remate de CITGO no fue el gobierno interino, sino acciones del “Comandante Eterno” y del “Usurpador”.
5) Fuera de otras rudas pifias procesales del TSJ, como por ejemplo la incompetencia de la Sala Electoral para decidir el asunto, creemos que debemos recordar a nuestros lectores los vicios que corroe la legitimidad de sus decisiones, pues sus componentes no fueron designados legalmente, violando normas constitucionales y legales. Esto lo podemos confirmar con la caída libre o paracaidismo por medio del cual llegó la actual presidente del TSJ a ese cargo. La anterior presidente del alto tribunal, tuvo el prurito lógico que acompañaría a cualquier abogado de respaldar los planes que culminó en la supuesta sentencia y por ello quedó en evidencia el régimen, al querer llevar a cabo sus “planes inhabilitadores” a cualquier precio.
Por lo anterior sucedió que una abogado, activista del partido político del gobierno que fue electa como concejal, primer cargo público que ejerciera, pasó luego, debido a la renuncia de la alcaldesa de Caracas, a sustituir interinamente por algunos meses y de allí brincó como si fuera Yulimar Rojas, pues lo hizo en triple salto, a Magistrada del TSJ, llegando a su presidencia debido a la crisis que planteó la anterior presidente. Los requisitos exigidos por el artículo 263 de la Constitución se quedaron en blanco: ser jurista de reconocida competencia, haber ejercido la profesión de abogado por lo menos por 15 años y tener título universitario de postgrado; haber sido profesor universitario en Derecho por un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor titular; o bien, haber sido juez superior con una carrera judicial de por lo menos 15 años.
Quedó de esta manera expuesto el régimen a nivel nacional e internacional al escrutinio de tener bajo su control a un Poder Judicial sumiso ante líneas políticas totalitarias. La unidad de los partidos democráticos funcionó nuevamente y es un adelanto del proceso de restauración de la institucionalidad. Frente a esta posición conjunta, solidaria y comprometida del mundo democrático venezolano se activó de manera plena e inmediata una respuesta firme de Estados Unidos, cuyo gobierno es obediente a los dictados de una opinión pública centrada en la defensa de valores básicos del Estado de Derecho, igual pasó con el segmento político de la Unión Europea, el cual fijó una posición indubitable ante la decisión desatinada y alejada de toda legalidad del TSJ, lamentablemente esta misma Unión Europea financia iniciativas locales que desdicen en forma y contenido el apoyo que le está dando públicamente al acuerdo de Barbados, pero ese es un tema que trataremos en otra oportunidad. Por lo pronto sigamos adelante con la ruta electoral y el compromiso expresado por nuestra candidata María Corina Machado de no apartarse de ella.
Ante los venezolanos y ante el mundo democrático global, quedó claro cómo funciona cualquier tiranía: llevar a cabo sus propósitos a costa de la normativa legal, que al contrario debería orientar sus acciones.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
