La Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, forma parte de un patrón de restricciones al espacio cívico nacional, en donde se busca vigilar y controlar el funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales.
De acuerdo con el criterio del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), esta normativa busca establecer un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales y afines; y a su vez controlar el manejo económico y financiamiento de dichas organizaciones.
Explican que, tras permanecer este proyecto sin avances durante todo el año 2023, pero con la amenaza y la criminalización constante contra las organizaciones no gubernamentales, iniciamos el año 2024 con una nueva arremetida; se trata del anuncio por parte de la Asamblea Nacional de una consulta popular sobre este proyecto, bajo la presunción de que las organizaciones no gubernamentales están sirviendo para recibir dinero proveniente de actividades ilícitas y financiar a partidos políticos de oposición con el objetivo de “desestabilizar al país”.
Es importante destacar que aún sin estar vigente este proyecto de ley, ya existe una lista con al menos 62 organizaciones contra las cuales se aplicaría dicha normativa. Esto evidencia que la normativa es discrecional, subjetiva y guarda consigo una intención de continuar el patrón de criminalización contra estas organizaciones.
Aún más, las amenazas en torno a la promulgación de esta ley no solo se desarrollan en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, bajo un discurso en donde continúa atribuyéndole un carácter político e ilegítimo al accionar de las organizaciones de la sociedad civil independiente de Venezuela. Este patrón de criminalización se desarrolla también de forma sistemática en los medios de comunicación controlados por el Estado, en donde por ejemplo, Diosdado Cabello, en su programa «Con el Mazo Dando», aseguró que todas las ONG deberán indicar de dónde proviene el dinero con el que trabajan y para qué lo utilizan, de lo contrario dichos ingresos serán considerados legitimación de capitales.
El espacio cívico venezolano descendió a la peor calificación posible: “CERRADO”
La aprobación de este proyecto de ley y la continuidad del patrón de criminalización, ataques y amenazas contra la sociedad civil venezolana, podría representar en este año la estocada final al cierre del espacio cívico nacional. Al respecto, Civicus Monitor, una ONG internacional que evalúa el estado del espacio cívico en 198 países, publicó recientemente su nuevo informe en el que Venezuela, por primera vez desde el año 2018, fecha en la que inició este monitoreo, recibió la peor la calificación posible al catalogar el espacio cívico venezolano como “cerrado”, como consecuencia de “un ataque constante a los derechos civiles y políticos que comenzó hace más de una década y que continúa en la actualidad”. Esta nueva calificación, de represivo a cerrado, significa un declive en la garantía de los derechos que conforman el espacio cívico y por tanto la imposibilidad de desarrollarse libremente en el mismo.
El avance de la ley anti sociedad en un año electoral no es casualidad
El 2024 se presenta como un año electoral para Venezuela, y las organizaciones de la sociedad civil continúan su labor de promoción y defensa de la participación ciudadana libre y plural, como elemento fundamental para vivir en democracia.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro en contextos electorales agudiza su mecanismo represor, a través de patrones que persiguen y criminalizan a todo aquel que considere un enemigo a su política de Estado basada en la perpetuación en el poder.
En este sentido, como la labor de defensa, documentación y promoción de los derechos ciudadanos incómoda en el objetivo de perpetuarse en el poder, surge un patrón de descalificación, ilegalización y ataque a las organizaciones de la sociedad civil independiente, sobre todo en contextos electorales, atribuyéndole un carácter político y hasta perverso a su accionar que no es más que trabajar legítimamente en la promoción y exigencia de los derechos políticos de la población.
¿Cómo afecta a la sociedad esta ley antisociedad?
El avance de este proyecto de ley constituye un mayor retroceso en el ejercicio de los derechos y libertades de la población y en la actuación libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Definitivamente se puede convertir en la estocada final en el cierre del espacio cívico nacional, tal y como lo expresó la Misión internacional independiente de determinación de los hechos, esta ley “puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.
El deterioro del espacio cívico que estamos enfrentando hoy día tiene consecuencias profundas y graves para toda la población, pues afecta la calidad de la democracia, la participación ciudadana y el desarrollo social; restringiendo derechos fundamentales como la capacidad de organizarse, de expresarse y de participar en los asuntos públicos. En un espacio cívico cerrado no existe la rendición de cuentas ni posibilidades de exigencias a las instituciones del Estado, acompañado del aumento de la represión, la persecución y la criminalización.
Entre tanto, la importante labor que ejercen las organizaciones de la sociedad civil independiente, las organizaciones humanitarias y las organizaciones defensoras de derechos humanos, en medio de la emergencia humanitaria compleja y la crisis en derechos que existe en Venezuela, enfrentaría aún más desafíos, alcanzando incluso su posible desaparición, y con ello la imposibilidad de prestar ayuda humanitaria, de defender derechos humanos, de abogar por la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones, y en definitiva de perseguir esa constante labor en la defensa de una sociedad más libre, justa, democrática y pacífica.
