Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com
Mariana Romero, defensora de los Derechos Humanos y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, expresó que durante el año 2023 hubo un aumento significativo de ataques contra organizaciones de derechos humanos y defensores en un contexto electoral.
“El Estado aumentó las restricciones al espacio cívico y democrático, lo que llevó a acciones de criminalización, represión y control social”, destacó Romero en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.
“Hubo violaciones a los derechos de asociación, reunión, manifestación y expresión, acompañadas de estigmatización y amenazas. No existen estadísticas oficiales sobre estos casos, pero se cree que hay un incremento durante períodos electorales”, señaló.
Según la ONG, en 2023 ocurrieron 524 casos de violaciones de derechos humanos, de profundización de la política de criminalización que se basa en la lógica del enemigo interno y donde aumentaron esas vulneraciones.
La también abogada añadió que el equipo de investigación y monitoreo de la ONG ha observado un aumento de casos de agresiones y violaciones a los derechos humanos en Venezuela, especialmente dirigidos hacia defensores de derechos humanos.
“La estrategia del Estado es utilizar métodos de criminalización y represión sofisticados y dirigidos a actores específicos para generar miedo y neutralizar las acciones de otras organizaciones y personas que promueven los derechos humanos”, precisó.
Asimismo, la ONG ha documentado estas violaciones en diversos sectores, como salud, educación y derechos humanos, pero no se menciona una estadística específica sobre cuál sector sufre más violaciones.
No hay voluntad
Agregó que en Venezuela la política de represión y criminalización es generalizada, y que hay una falta de voluntad política para rendir cuentas y respetar los derechos humanos.
“El panorama para la sociedad civil en el año 2024 será complejo, con muchos obstáculos y amenazas constantes”, comentó.
Asimismo, cree que “habrá una profundización de las medidas de criminalización en contra de la promoción y defensa de los derechos humanos”.
Para finalizar, Romero señaló que es importante que la comunidad internacional exija al Estado que garantice que las organizaciones puedan llevar a cabo sus actividades sin represalias.
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