El gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional tienen en sus manos la decisión de extender o no un acuerdo de cese del fuego bilateral que está expirará la medianoche de este lunes.
La mayor expectativa recae sobre la suspensión de los secuestros extorsivos a la que se comprometió el ELN con la condición de que se logre una prórroga del cese del fuego bilateral.
Las delegaciones de paz están reunidas desde la semana pasada en La Habana, Cuba, donde se desarrolla la sexta ronda de negociaciones con la guerrilla que se alzó en armas contra el Estado desde 1964, bajo inspiración de la revolución cubana.
El año pasado las partes firmaron un alto el fuego de seis meses, inédito por su duración, que se cumplió desde el 3 de agosto y culminará el 29 de enero de 2024 tras superar momentos de tensión.
En octubre, en medio del cese del fuego, el ELN secuestró a los padres del futbolista Luis Díaz, del seleccionado colombiano y el club inglés Liverpool, generando un amplio rechazo en la sociedad y sumiendo los diálogos en una crisis. La madre recuperó la libertad el mismo día y el padre permaneció cautivo por 12 días.
La posible prórroga del cese del fuego pasa por una evaluación de su efectividad hasta ahora, en la cual participó el sábado el ministro Defensa colombiano Iván Velásquez durante una visita a La Habana.
Las partes señalaron su intención de extender el cese al fuego durante la quinta ronda de negociaciones que culminó en diciembre pasado en México, país garante y sede itinerante de los diálogos.
Para lograrlo, señala un documento público firmado en diciembre, acordaron revisar los elementos que dificultan el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego, el cual incluirá dentro de su mandato la suspensión de las “retenciones con fines económicos”, como llama la guerrilla a los secuestros.
La Misión de las Naciones Unidas en Colombia es parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en la mesa con el ELN, donde se analizan las informaciones recibidas de posibles infracciones al cese al fuego, que incluyen denuncias públicas.
