Llega a mis manos el más reciente informe mundial (2024) avalado por Human Rights Watch y presentado oficialmente por su directora ejecutiva, Tirana Hassan. Se trata de un compendio de documentos, muy bien articulados, que reflejan las violaciones de los más elementales derechos humanos, que se perpetran en decenas de países sometidos a las pesquisas adelantadas por los técnicos que laboran para esta prestigiosa organización. La evaluación trasluce la forma como se han vendido debilitando las instituciones claves para que el Estado, de cualquiera de los países evaluados, pueda ser calificado como democrático y no terminen siendo dictaduras o gobiernos para-dictatoriales, en los que el sistema de Derechos Humanos se encuentra bajo permanente amenaza.
En este informe encontramos diagnósticos de las continuas transgresiones de los valores y principios medulares de la democracia, lo cual da pie a que las detenciones arbitrarias, las torturas y asesinados, así como el desconocimiento al derecho de expresarse libremente, la propiedad privada, la tolerancia a la variedad de cultos religiosos y el pluralismo democrático, configuren un patrón de conducta puestos en marcha para atentar contra la libertad y la vida de personas disidentes de esos regímenes.
Veamos algunas conclusiones relevantes sobre lo que ocurre en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
CUBA
El informe determina que “se continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos”. Tal sentencia se confirma con echar un vistazo a la suerte corrida por los centenares de ciudadanos disidentes del régimen castrista, muchos de los cuales permanecen aún detenidos, por haberse atrevido a protagonizar jornadas de protestas, como las que se verificaron en las calles de La Habana, en las protestas de julio de 2021.
Esas protestas se extendieron durante 2023, argumentando como motivos “los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. Los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes”. El informe en cuestión determina que “la realidad puesta a consideración es que dos años después de las protestas de julio de 2021, las más multitudinarias desde la revolución cubana, organizaciones de defensa de derechos humanos contabilizaron a más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, que permanecían encarceladas en relación con las protestas. Muchas estuvieron incomunicadas en detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas”. Se coloca en alto relieve en ese expediente que “algunos fueron juzgados en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional. A varios se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios—en relación con supuestos hechos de violencia, como arrojar piedras—y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Muchos sólo fueron procesados en juicios sumarios por cargos definidos vagamente como ‘desorden público’ o “desacato”.
NICARAGUA
En Nicaragua, el hostigamiento escala a niveles grotescos. La dupla que forman Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no cesa en la aplicación de métodos represivos a todos los sectores de la sociedad y ha profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua.
El régimen no repara en la descarada y publicitada intensificación de “su arremetida contra cualquier persona percibida como crítica, incluyendo miembros de la Iglesia católica, y ha desmantelado el espacio cívico. Las autoridades han cerrado masivamente medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades, lo que constituye una violación a la libertad de expresión y asociación y al derecho a la educación”. Uno de esos castigos atroces lo representó “el despojó arbitrario a 317 personas de su nacionalidad, incluyendo 222 expresos políticos a quienes el gobierno desterró a Estados Unidos, calificó de “traidores” y confiscó sus bienes. Esta decisión, que viola el derecho internacional de los derechos humanos, dejó apátridas a muchos nicaragüenses”.
Los ataques contra la Iglesia católica, que comenzaron en 2018, se han intensificado. En este informe configurado por Human Rights Watch, se ofrecen pormenores de la operación de la policía, bajo el mando de los Ortega-Murillo, para detener (agosto de 2022) al obispo Rolando Álvarez, acusándolo de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”. En febrero, Álvarez se negó a ser expulsado del país y un juez lo condenó a 26 años de prisión. En junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que Álvarez permanecía incomunicado. Recientemente fue expulsado de su país mediante la intervención del Vaticano.
BOLIVIA
El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. Los sucesivos gobiernos, tanto bajo la expresidenta interina Jeanine Añez como bajo el actual presidente Luis Arce, se aprovecharon de una definición penal excesivamente amplia de “terrorismo” para la presentación de cargos contra opositores. Las cárceles bolivianas continúan estando hacinadas, con atención sanitaria inadecuada y un uso excesivo de la prisión preventiva. En marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. En septiembre, un tribunal constató los graves daños que el uso descontrolado del mercurio genera en las comunidades indígenas de la Amazonía y ordenó al gobierno proteger sus derechos.
La violencia de género y la violación de derechos sexuales y reproductivos siguen siendo problemas muy graves. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en numerosas ocasiones Bolivia se puso del lado de los gobiernos represivos y no defendió los derechos de las víctimas. El sistema judicial de Bolivia ha sido históricamente instrumentalizado “dependiendo de los intereses del poder político en turno”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una visita realizada en marzo de 2023. El presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política.
En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido por terrorismo, un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplia. Camacho fue acusado de orquestar la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo. A octubre de 2023 Camacho permanece en prisión preventiva. Su familia y su abogado alegan que no está recibiendo atención médica adecuada para tratar una grave enfermedad crónica que padece.
La expresidenta Añez permanece en prisión desde el 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada. En 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Añez a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes—delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana—por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019. Añez no pudo asistir en persona a su propio juicio, dado que los jueces argumentaron que no podían garantizar su salud ni su seguridad en el tribunal. Todo lo arriba plasmado son citas fidedignas del informe de Human Rights Watch.
VENEZUELA
Sobre el caso Venezuela (en este informe se llama gobierno al régimen que para mí es evidentemente una dictadura) me limito a reproducir párrafos del informe que tienen relevancia: “Los venezolanos continúan sufriendo represión y las consecuencias de la crisis humanitaria. Hay más de 270 presos políticos. Cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada. Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo”. “El 27 de junio, los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron la reanudación de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas determinó la comisión de graves violaciones de derechos humanos que replicaban los patrones de conducta que la Misión había calificado anteriormente como crímenes de lesa humanidad”. “Algunas acciones del gobierno, incluyendo la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la inhabilitación de candidatos presidenciales, aumentaron la preocupación sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas”.
“En octubre de 2023, las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se reanudaron. Las partes lograron un acuerdo relacionado con derechos políticos y garantías electorales”. “Las autoridades persiguen, procesan penalmente y encarcelan a trabajadores sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, restringiendo el espacio cívico”. La Misión de Determinación de los Hechos constato que, “el gobierno de Maduro sigue teniendo la capacidad de recurrir a métodos de represión “duros” como tortura y asesinatos para sofocar la disidencia». Desde 2014, más de 15.800 personas han sido objeto de detenciones por motivos políticos; de los cuales aproximadamente 270 continúan detenidos, según informó en octubre la red de abogados penalistas pro-bono Foro Penal. El 28 de octubre, cinco presos políticos, incluyendo el periodista Ronald Carreño, fueron liberados después de que el gobierno y la oposición reanudarán las negociaciones”.
Antonio Ledezma
@Alcaldeledezma
