El régimen de Nicolás Maduro, previo a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las elecciones presidenciales pautadas para este año (que aún no tienen fecha), alzó la bandera de la “Furia Bolivariana”, un plan de control social al que ha convocado a “la unión cívico, militar y policial” para enfrentar cualquier conspiración que intente sacarlo del poder.
El pasado martes 23 de enero, fecha emblemática dentro de la política venezolana en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y desde la noche del 22, la “Furia Bolivariana se dejó ver” en un ataque coordinado. Se pintaron y marcaron amenazas en fachadas de al menos 20 sedes de partidos políticos, universidades, emisoras de radio, organizaciones sindicales y gremios en todo el país, reseña el trabajo del medio internacional El País.
También se marcaron las viviendas de algunos activistas y dirigentes políticos. Los servicios de inteligencia detuvieron —y desaparecieron durante horas— a cinco dirigentes políticos de Vente Venezuela. La operación coincidió con las denuncias de Tarek William Saab, fiscal aliado de Maduro, de cinco supuestas conspiraciones para asesinar al mandatario.
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“Lo que vemos ahora es la institucionalización de una política persecutoria desde el Ejecutivo”, señala la activista de derechos humanos Lexys Rendón, del Laboratorio de Paz, ONG que ha monitoreado estas actuaciones. “Es un plan para perseguir a quienes protestan, una política de control social que busca meter miedo y limitar las posibilidades de que la gente se organice en un año electoral, algo que violenta la garantía de derechos y libertades”, denuncia.
El País, destaca que las primeras acciones de la «Furia Bolivariana» contra dirigentes sociales se dieron en el año 2020 en medio de las protestas que se desataron durante la pandemia por la crisis generada por la escasez de combustible.
Para ese entonces, “parecía una intimidación anónima coordinada por colectivos y grupos de choque del chavismo” pero ahora, “Maduro le ha puesto su apellido al desplegar a todo el aparato del Estado en torno a ese objetivo y ordenar a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, máxima vigilancia”.
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“Tenemos una gran responsabilidad, militares de Venezuela, tenemos una gran responsabilidad, policías de Venezuela, pero, sobre todo, le digo que tenemos una gran responsabilidad al poder comunal, poder popular, movimientos sociales, para defender el derecho a la estabilidad”, dijo el representante chavista en televisión nacional; según la reseña de El País.
