El sector agropecuario fue el primero en ser objeto de las políticas hiperestatistas que caracterizan la construcción del proyecto socialista bolivariano.
La polémica Ley de Tierras tenía, al menos, dos objetivos fundamentales: introducir un esquema de planificación centralizada en la producción de alimentos y uso de la tierra, así como regular el ejercicio del derecho a la propiedad privada en el campo.
A lo largo de más de dos décadas, ambos objetivos se han cumplido en un alto grado, con consecuencias muy graves y difíciles de superar. La primera es la reducción de la producción primaria de alimentos, en dimensiones históricas. En ese mismo período, la superficie cultivada disminuyó 33,49% y hubo estancamiento de los rendimientos promedio por hectárea, contrayéndose, en términos generales. Hay que decir que los datos estimados corresponden a un período en el que no había transcurrido la recesión más profunda y prolongada de la historia contemporánea del país, ni había comenzado el impacto de la hiperinflación como azote de la economía nacional.
Estimaciones que se han podido reunir indican que los niveles de producción son entre 65% y 70% inferiores a los de 1997 y la superficie cultivada ha bajado en alrededor de 60%. Es evidente que la destrucción de la producción primaria se está acelerando.
Aparte de la política erosiva de los derechos de propiedad, que incidió en un desestimulo dramático de la inversión, sobre todo con el episodio de la expropiación de Agro-Isleña, empresa de suministro de insumos y financiamiento que cumplía un rol relevante en el equilibrio financiero de muchos productores, el deterioro generalizado de la economía, en general, ha debilitado toda la infraestructura de soporte para la producción de alimentos, al punto de que se referencia un antes y un después de Agro-Isleña.
Para que se tenga una idea del papel que significaba esta compañía, y entender por qué había que expropiarla, basta decir que en 2010 “Agro-Isleña había apoyado a 18.000 productores con fertilizantes, herbicidas, semillas, maquinarias, asesoramiento técnico; y además llevaba a cabo un plan de financiamiento a 3.000 agricultores que estaban cosechando 800.000 toneladas de maíz”, según Cedice.
Hoy, los productores y procesadores de alimentos no cuentan con agroquímicos, fertilizantes, combustibles, maquinarias, equipos y servicios mínimos indispensables para realizar su labor, la cual es de muy alto riesgo económico-financiero.
En la coyuntura, se añade la libre importación con aranceles cero que coloca a la industria procesadora de alimentos y a la agroindustria en desventaja frente a productos finales importados.
Y no es que el sector esté en desacuerdo con la competencia internacional, pero se pide igualdad de condiciones. Por ejemplo, los productos importados no requieren permiso sanitario, pero a los nacionales se les exige este y otros requisitos. Un buen ejemplo, es el de la carne, que puede ser importada por actores no vinculados a la industria de alimentos, en condiciones absolutamente ventajosas, con peligro potencial para los consumidores.
Tampoco la producción primaria y la industria de alimentos cuentan con un apoyo crediticio sólido, por los problemas de contracción artificialmente generada de la liquidez bancaria, a pesar que el sector cuenta con un segmento obligatorio de lo que ahora es la cartera única productiva nacional. Y que es casi imposible de lograr ante la avasallante e incontrolada hiperestaflación, que hace que el dinero se devalúe antes de ser otorgado.
Esa misma hiperestaflación que destruye la productividad y ha ocasionado que no podemos ser competitivos a nivel internacional por los altos costos de producción que, cada vez, se incrementan e impiden la formación de un capital de reinversión que permita el necesario mantenimiento de maquinarias y equipos, de mejoramiento de los cultivos y de las instalaciones necesarias para la producción.
Es el trabajo realizado por generaciones enteras de una misma familia que han tenido que luchar contra situaciones inhóspitas, venciendo cualquier tipo de riesgos: depredadores de cuatro y de dos patas, robos, hurtos, saqueos, expropiaciones, confiscaciones, expoliaciones, secuestros y hasta homicidios e intentos de homicidios; sin infraestructura pública adecuada y sin sistema de salud o seguridad social que los ampare, para que, al momento de sacar sus productos a los centros de comercialización tengan que enfrentar la matraca de las alcabalas, situación denunciada por altos funcionarios.
Esto es lo que se está destruyendo y supongo que no sea fácil de recuperar. Cuando se pierde la confianza en un sistema económico es muy difícil reconquistarla.
Es indispensable que se produzca un cambio radical que permita la recuperación y aprovechamiento efectivo del potencial agropecuario e industrial que tiene el país, para que se genere un flujo de exportaciones que permita dar sustentabilidad a la producción de alimentos.
Fuente: Bancaynegocios.com
Maximiliano Pérez Apóstol
