El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar interpuesto por el periodista y político venezolano Leocenis García, líder de Prociudadanos, contra el acto administrativo que lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas.
La decisión de la Sala Constitucional del TSJ se basó en el mecanismo establecido en el Acuerdo de Barbados de fecha 17 de octubre de 2023, firmado por el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, con el acompañamiento del Reino de Noruega, que contempla la revisión de las inhabilitaciones políticas como parte de las negociaciones para la solución pacífica y democrática de la crisis venezolana.
García se había convertido en diciembre en el primer opositor que acudió al TSJ para solicitar que se anule la inhabilitación que pesar en su contra desde el año 2021, cuando se postuló a la Alcaldía de Caracas y fue sancionado por la Contraloría General de la República, a pesar de que no había ocupado cargos como funcionario público y de que no tenía una sentencia de un tribunal.
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El líder de Prociudadanos denunció que la medida en su contra fue arbitraria e ilegal, y que respondía a una persecución política por sus críticas a la administración de Maduro y sus propuestas de cambio. Asimismo, afirmó que no tenía ninguna sentencia de ningún tribunal de la República, y que las causas que se le imputan desde hace algunos años, por supuestamente recibir dinero del expresidente colombiano Álvaro Uribe y de banqueros extranjeros para desestabilizar al régimen, todavía no están en la etapa de juicio, sino en la etapa de control.
La Sala Constitucional del TSJ declaró su competencia para conocer la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por García, admitió la demanda de nulidad y declaró procedente la solicitud de amparo cautelar, quedando así habilitado para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar.
Con esta decisión, García podrá participar en los próximos procesos electorales que se realicen en el país, así como ejercer cualquier cargo público para el que sea elegido o designado.
