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La ONG Espacio Público denunció que con la emisión de ordenes de captura por el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, contra periodistas y defensores de Derechos Humanos, así como a otros civiles y militares, se agrava la persecución en Venezuela.
Estas ordenes de captura fueron emitidas contra la periodista Sebastiana Barráez; la abogada y defensora de DDHH, Tamara Sujú, el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina y los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín, acusándoles de presuntos planes de magnicidio.
Los mencionados supuestamente vincularon a Barráez, Sujú Colina, Villalobos, Marín y al ciudadano Mario Carratú Molina con “homicidio intencional calificado en grado de tentativa”, “terrorismo” y “asociación”, por el presunto “caso brazalete blanco”. El gobierno denuncia que supuestamente se buscaba inicar actos terroristas «que terminarían con el secuestro del gobernador tachirense Freddy Bernal y el magnicidio contra Nicolás Maduro”.
En este mismo caso, según informó Saab, ya se había detenido a el exoficial del Ejército, Ángelo Heredia, además de otras nueve personas presuntamente involucradas.
Saab dijo en rueda de prensa que Barráez, Sujú, Colina, Villalobos, Marín y Molina eran “colaboradores inmediatos para darle fachada mediática” en redes sociales a las supuestas acciones reveladas.
A través de su cuenta de la red social X, Sebastiana Barráez, quien es periodista venezolana especializada en la fuente militar, se desvinculó de la alianza que le atribuyó la Fiscalía entre ella y los presuntos planes de magnicidio.
“No es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para eso, pero yo no apuesto a actos violentos porque creo en la vida”, expresó.
Tanto Sujú como Barráez se encuentran exiliadas y continuamente denuncian en sus redes sociales a través de artículos periodísticos la situación con los presos políticos en el país.
Para Espacio Público «la persecución a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil continúa agravándose en el país».
Estas acciones, de acuerdo a la organización, buscan «silenciar las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y cohibir a las personas de denunciar, por temor a represalias».
Por está razón, la ONG hizo el llamado a las autoridades a garantizar los debidos procesos y el derecho a la defensa de los detenidos en los últimos días.
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